Cuando parecía que la rápida reacción del Gobierno había calmado algo los ánimos de los agricultores, a los que se invitó a una reunión de urgencia y se les puso un culpable (los supermercados) sobre la mesa, las protestas del campo han vuelto esta semana a primera línea del foco mediático. Y lo hacen en un momento crucial para el futuro del sector. Este jueves, Pedro Sánchez viajará a Bruselas para pelear en el Consejo Europeo contra el recorte de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), fundamentales para la supervivencia de nuestro sector agrícola.

Porque el campo español tiene varios frentes abiertos —falta de coordinación empresarial, aranceles de Trump, los bajos precios en origen, etc—, pero no se puede entender sin el apoyo de la PAC. Estos fondos benefician al año a más de 700.000 agricultores y suponen cerca del 30% de sus rentas medias. Entre 2014 y 2020, España ha recibido 45.000 millones de euros en ayudas, que llegan en mayor cantidad a Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Una dependencia excesiva, según la consultora PwC.

Por eso no es de extrañar que la cita de este jueves cobre especial importancia para la estrategia agraria del Ejecutivo socialista. Los jefes de Estado debatirán los Presupuestos para la Unión Europea entre 2021 y 2027. El borrador, presentado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, plantea una dotación de 1,09 billones de euros, es decir, el 1,07% de la renta nacional bruta del conjunto de los Veintisiete, en contra del 1,114% que pide la Comisión Europea, y del cerca de 1,3% que defiende el Parlamento Europeo. Un recorte que pasa por meter la tijera en el gasto para ayudas agrarias, con un gran peso histórico en los presupuestos comunitarios

El Gobierno no apoyará las cifras que propone el Consejo Europeo: un 13,9% menos en ayudas de la PAC y un 12,1% de tijeretazo a los fondos para cohesión

Así, de los 410.300 millones destinados en la etapa 2014-2020 se quiere pasar a 329.300 millones para los próximos siete años. Es decir, 81.000 millones menos que, excluyendo al Reino Unido para ajustar las cuentas a su salida por el Brexit, se quedan en 53.200. Un 13,9% de recorte. Siguiendo esta hoja de ruta, los pagos directos a los agricultores europeos se reducirían en 29.000 millones y las ayudas al desarrollo rural en 24.300. Además, el Consejo pretende recortar en 12,1% los fondos para cohesión.

Los planes de Charles Michel, bien por permisivos o por excesivos, no han gustado a todos los miembros de la UE. Por un lado están España y una quincena de países del sur y del este, que reclaman que por lo menos se mantenga el gasto agrícola del periodo anterior, y que cuentan con el apoyo del Parlamento Europeo. En el otro extremo, naciones como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria o Países Bajos, contrarios a un aumento del gasto presupuestario y a favor de un recorte más estricto.

Es la pelea geopolítica que marcará un Consejo que se prevé largo y en el que sólo los muy optimistas alcanzan a ver un acuerdo. También una nueva oportunidad para el posicionamiento de España en la Unión Europea posterior al Brexit, en la que se disputan y codician los nuevos ejes del poder continental, con el Reino Unido ya fuera de la ecuación. En esta batalla, España va de la mano de Francia.

El borrador del Consejo Europeo está muy lejos de las aspiraciones de Pedro Sánchez. Consciente de la dependencia que tiene el campo español de las ayudas europeas, el presidente acudirá a la reunión de este jueves con la idea de que la propuesta presupuestaria es "injusta en el reparto" e "insuficiente en ambición", tal y como la calificó el lunes la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. "No reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y como elemento fundamental para la transición ecológica", criticó.

España y las pequeñas explotaciones

Uno de las frustraciones de los agricultores españoles es que muchos de ellos no pueden vivir solo del campo, necesitan otra fuente de ingresos. La culpa, en parte, está en el tipo de explotaciones agrarias que predomina en España. Si la superficie media en Reino Unido y Francia se sitúa en las 90 y 62 hectáreas por explotación, respectivamente, aquí es de 25 ha. Pero el 51% de las explotaciones tiene un tamaño inferior a las 5 hectáreas. Y es que las ayudas de la PAC dependen, precisamente, de la extensión de las parcelas.

En el horizonte de la futura PAC se quiere dar prioridad a esas pequeñas y medianas explotaciones. Según el catedrático emérito de Política Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), José María Sumpsi, Europa se plantea como solución que solo reciban las ayudas los agricultores genuinos, aquellos que sí viven exclusivamente del campo. Este trabajador recibiría las ayudas por hectárea de la PAC y se permitiría "la cesión de los derechos de ayuda a los agricultores no genuinos a otras explotaciones, promoviendo así un amplio proceso de reestructuración agraria" en España, explicó el experto en un artículo de El País.

Por ahora, las protestas de los agricultores y ganaderos no van a parar. Esta semana, de hecho, han elevado el tono en muchas de ellas. El futuro del sector depende de los cambios en la Ley de la cadena alimentaria que propone el Gobierno, de una mejora en la organización empresarial de los intermediarios y, por supuesto, de la presión que Sánchez y el resto de jefes de estado ejerzan este jueves para frenar el tijeretazo en las ayudas que Europa destina a cientos de miles de agricultores.