El Gobierno se dispone a dar carpetazo al proyecto de construir un almacén nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca. El Ejecutivo ve inviable continuar con esa opción para construir un cementerio nuclear y lo achaca a los problemas técnicos y las inversiones adicionales que requerirían superarlos, singularmente por las dudas por la calidad de los terrenos de la que ya alertaron los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y estudios independientes.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la ahora también vicepresidenta Teresa Ribera, formalmente aún no ha adoptado la decisión de descartar Villar de Cañas y fuentes oficiales del departamento eluden hacer comentarios al respecto. Pero el plan del Ministerio pasa por buscar otras ubicaciones alternativas para construir el almacén donde se guardarán los residuos de las centrales nucleares durante 60 o 70 años.

El Gobierno defiende la necesidad de construir una instalación donde se centralicen los desechos radiactivos (que ahora se guardan en cada una de las centrales nucleares en su propio almacén) a largo plazo. No obstante, se tiene bajo estudio la opción de que en lugar de un solo almacén temporal centralizado (ATC) la basura nuclear se reparta entre dos o tres emplazamientos en diferentes localizaciones de España, según fuentes conocedoras de los planes ministeriales.

Apenas un mes después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, el Gobierno ya paralizó la tramitación del proyecto de construcción del almacen de residuos nucleares en Villar de Cañas, solicitando al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en julio de 2018 que suspendiera el expediente para dar el visto técnico al permiso de construcción del cementerio nuclear.

El Ministerio esgrimió que se trataba de una paralización temporal, congelando los trabajos del CSN y toda la tramitación hasta tomar una decisión definitiva sobre el futuro del almacén nuclear, y hasta elaborar la planificación energética a largo plazo del país y un nuevo plan nacional de residuos nucleares.

La hoja de ruta del Gobierno con los objetivos energéticos hasta 2030 ya está lista y se ha pactado con las eléctricas un calendario para el cierre de cada central nuclear entre 2028 y 2035. Ahora toca tomar una decisión definitiva sobre el cementerio nuclear y se va a adoptar de manera paralela al nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que debe poner en marcha el Ejecutivo.

Un plan bajo la amenaza de Bruselas

Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos en España, ha elaborado una propuesta de nuevo plan nacional de desechos nucleares. El proyecto ha estado guardado en un cajón todo el tiempo en que el Gobierno estuvo en funciones entre unas elecciones generales y otras. Enresa ha hecho llegar su propuesta formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica esta misma semana.  

El actual PGRR fue elaborado en 2006 y ha quedado totalmente obsoleto, y ahora Ejecutivo tiene que poner en marcha un nuevo plan con las previsiones sobre cómo gestionar la basura nuclear, cómo desmantelar las centrales nucleares y cómo financiar todas estas actuaciones. Y lo hará bajo la amenaza de la Comisión Europea de denunciar a España por el enorme retraso que acumula ya la aprobación del nuevo plan. Todos los estados miembro estaban obligados a presentar el plan en 2015.  

De hecho, Bruselas dio el pasado noviembre un plazo de dos meses a España para adoptar el nuevo plan de basura nuclear y, si no lo hacía, denunciará al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Transcurrido el plazo del ultimátum, el Gobierno español trata de impulsar el nuevo programa de residuos nucleares y esgrime ante la Comisión Europea la situación de interinidad en que ha estado durante gran parte de 2019 para ganar tiempo.

La construcción de un almacén temporal de residuos nucleares acumula ya un enorme retraso. El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de 2018. Pero más de ocho años después de que el Consejo de Ministros designara el municipio de Villar de Cañas para instalar el cementerio nuclear, las obras ni siquiera han empezado. Las 52 hectáreas elegidas para ubicarlo siguen siendo campo. Campo vallado, y con un cartel oficial anticipando lo que habrá allí, o lo que tendría que haber. Pero nada más.

Enresa apuesta como mejor opción para guardar los residuos de alta actividad de las centrales nucleares la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC), donde se concentraría la basura nuclear durante entre 60 y 70 años, a la espera de la futura instalación de un almacén geológico profundo (AGP), donde se guardarán los residuos para siempre.

En varios de los borradores que ha manejado Enresa en los últimos meses del nuevo PGRR –y a la espera de conocer el texto definitivo que ha podido incluir algunas modificaciones- se contemplaba que el nuevo cementerio nuclear temporal esté completado en 2028, con la opción de que parte de las instalaciones ya pudieran estar operativas antes, en 2026.

La propuesta de nuevo PGRR llega casi un año después después de que se sellara la paz nuclear, y que las grandes eléctricas, el Gobierno y la propia Enresa pactaran el calendario de cierre de cada una de las centrales. En el protocolo pactado se establece Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.

Las centrales cuentan con almacenes temporales individualizado (ATI), los tienen en construcción o cuentan con permiso para hacerlo. Se trata de pequeños almacenes en cada una de las plantas, que servirán como solución intermedia hasta el traslado de todos los residuos al futuro ATC y más tarde al almacén geológico.

La propia Teresa Ribera ha defendido desde su entrada en el Gobierno que es imprescindible la construcción de un almacén temporal centralizado. Pero no tenía por qué ser el proyecto que se ha impulsado hasta ahora.

La tramitación del proyecto se ha visto dilatada por las dudas de los técnicos sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, por las reformas legales ad hoc aprobadas por la Junta de Castilla-La Mancha para bloquearlo y por la judicialización del proceso en una permanente guerra de recursos entre administraciones. El resultado es que en todo este tiempo el Gobierno no ha aprobado todavía ninguna de las tres autorizaciones necesarias (la de emplazamiento, la de construcción y la de explotación) para poner en marcha el almacén.

El plan del cementerio nuclear de Villar de Cañas contemplaba un presupuesto de hasta 972 millones de euros, según las estimaciones que manejaba hasta ahora Enresa, como adelantó El Independiente. No obstante, diferentes fuentes del sector nuclear advierten desde hace tiempo que ese coste tendría que ser mayor por las eventuales mejoras que habría que incluir en el proyecto por la mala calidad de los terrenos elegidos.