El calendario de cierre de las centrales nucleares está teniendo impactos directos en las cuentas de las grandes eléctricas españolas. Pero de distinto signo. Mientras Iberdrola -y en menor medida Naturgy- registra inyecciones millonarias en sus cuentas, Endesa ha sufrido ya un pequeño golpe contable que puede acabar siendo mucho peor.
El Gobierno y las grandes eléctricas sellaron un acuerdo para fijar el cierre ordenado de todas las centrales nucleares españolas. Un calendario que de facto suponía ampliar la vida de las plantas por encima de los 40 años de funcionamiento que comúnmente se manejaba como previsión. De media, todos los reactores nucleares del país estarán activos entre 46 y 47 años tras el pacto del Ejecutivo y las compañías.
En el protocolo se establece un calendario de cierres de las centrales que contempla finalmente que Almaraz I cerraría en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.
Iberdrola ya ha empezado a calcular sus resultados financieros ajustándose a la nueva vida útil prevista para las nucleares. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán venía elaborando sus cuentas con la previsión de que las centrales funcionarían 40 años y con ese plazo repartían el dinero que cada año se destina a la amortización de las plantas. Hasta ahora.
Iberdrola ha cambiado ya la fórmula de cálculo de esas amortizaciones y ya ha empezado a aplicar la vida útil real de 46-47 años que de media funcionarán las nucleares en España. Y como consecuencia del cambio las cuentas de la eléctrica han registrado ya un impacto positivo de 111 millones a modo de menores amortizaciones, según se recoge en el informe de resultados anuales de 2019.
Naturgy, que tiene participaciones muy minoritarias en las centrales y su exposición a la nuclear es mucho menor, también ha modificado el periodo de amortización de las plantas. El grupo comandado por Francisco Reynés ha pasado de los 40 años de vida útil a calcular sus cuentas con entre 44 y 47 años de funcionamiento, con un impacto positivo de 13 millones en sus resultados de 2019.
Endesa ha optado por otra vía. La eléctrica controlada por Enel era la única que ha venido calculando la amortización de sus nucleares con una previsión de funcionamiento de 50 años, con lo que cada ejercicio reducía sustancialmente el dinero destinado a cubrir su amortización. Y pretende seguir haciéndolo con una parte sustancial de sus activos nucleares.
Según se refleja en su memoria anual, Endesa sólo ha rebajado la previsión de funcionamiento de los dos reactores de la central de Almaraz, en la que tiene una participación minoritaria y en la que la parte de Iberdrola es mayor. Endesa ha rebajado la vida útil a 45 años para Almaraz I y a 44 años para Almaraz II, con lo que ha sufrido un golpe en sus resultados de 10 millones por las mayores provisiones.
Sin embargo, la compañía ha optado por ignorar el calendario de apagón nuclear pactado con el Gobierno y mantiene su previsión de que las centrales catalanas (Asco I y II y Vandellós II), en las que sí tiene una posición mayoritaria, funcionarán 50 años. El pacto entre Gobierno y eléctricas establece que los tres reactores ubicados en Cataluña funcionarían entre 47 y 48 años, pero la eléctrica augura que seguirán activos entre dos y tres años más.
El protocolo de cierre nuclear establece que Ascó I cerrará en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellós II en 2035. Pero las previsiones que mantiene Endesa en sus cuentas anuales retrasa la clausura hasta 2033, 2035 y 2037, respectivamente. Una maniobra que le sirve para ahorrarse unos 40 millones al año en amortización.
«La hipótesis básica con la que trabajamos es que las centrales nucleares cierren cuando establece el protocolo pactado», ha explicado el consejero delegado de Endesa, José Bogas, en rueda de prensa (la primera de la compañía en 15 años). «El plan establece que la última central cerrará en 2035. En quince años puede pasar muchas cosas. Endesa deja la puerta abierta a todo».
La eléctrica asegura que su intención es mantener la amortización de sus nucleares en 50 años hasta el momento en que esté obligada a pedir la renovación de la licencia de explotación de las plantas por menos de diez años -el estándar legal utilizado hasta ahora- porque el cierre esté previsto para antes de cumplir esa década. Mientras eso no suceda, seguirá con su política de calcular sus cuentas con nucleares con una vida útil de medio siglo.
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