Hachazo a la retribución de las instalaciones renovables. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden que actualiza la retribución a las instalaciones de producción eléctrica con renovables, cogeneración y residuos, que se verá rebajada en un total de 2.428 millones de 2020 a 2022 respecto a lo que percibieron en 2019.

Esta orden, que actualiza los parámetros por los que se retribuye a estas instalaciones para que pueden complementar los ingresos que obtienen en el mercado por la venta de la energía, a fin de que puedan cubrir sus costes y alcanzar la rentabilidad razonable que les reconoce la normativa, ha suscitado las protestas de las dos asociaciones de empresas de cogeneración, informa Efe.

Estas discrepan por que la cogeneración tenga que asumir un 43 % (unos 450 millones) del grueso del recorte que habrá sólo para 2020. La revisión de los parámetros retributivos se tiene que hacer cada seis años y la que ahora se publica es para el sexenio 2020-2025.

Adicionalmente, cada tres años se realiza una nueva estimación de ingresos por la venta a futuro de la energía generada y también cada semestre se actualizan los valores de retribución a la operación para las tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del coste del combustible.

Según fuentes del Gobierno, con esta orden el presupuesto para pagar la retribución a instalaciones de estas tres tecnologías se rebaja en 921 millones de euros en 2020, respecto a lo que cobraron en 2019, un descenso que será de 817 millones en 2021 y de 690 millones en 2022. Las mismas fuentes han indicado que este ajuste viene obligado por que todo ingreso que se produzca por encima de lo estipulado como rentabilidad razonable es incompatible con la normativa.

La rentabilidad razonable es de un 7,39 % para las instalaciones que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013 (que recortó las primas a las renovables) hasta 2031 y del 7,09 % para el resto en el período 2020-2025.

Fuentes del Gobierno han señalado que, además de que la actualización viene obligada por la normativa, si no se hace el ajuste, se encarecería la factura eléctrica al consumidor en un 3,44%, debido al incremento en un 6,46 % en la parte regulada de la factura, de la que se obtiene la retribución para esas instalaciones. De esta forma, el incremento para un consumidor que pague 700 euros al año de electricidad, sería, si no se actualiza la retribución, de 24,10 euros al año.

Para ajustar la retribución, el Ministerio para la Transición Ecológica ha tenido en cuenta las previsiones de unos mayores ingresos por venta de energía en el mercado para estas instalaciones.

Asimismo, ha tenido en cuenta el precio real en el mercado que hubo en el anterior periodo (2017-2019), que fue superior a la senda que se estimó; la actualización al precio real del combustible, que fue inferior al estimado, y el de los derechos de dióxido de carbono (CO2), que en este caso se ha ajustado al alza.

Tras el paso del proyecto de orden por consulta pública, se ha reducido en 125 millones la rebaja inicial que se planteaba, que era de 1.046 millones, ya que se ha ampliado periodo para el cálculo de las estimaciones del precio del mercado eléctrico y de los derechos de CO2.

La cogeneración ha sido el sector que más contestación plantea a esta orden, que dice que le recorta un 35 % la retribución respecto a 2019, y ya ha afectado a la producción de las alrededor de 50 plantas que hay en España. En febrero produjeron un 9% menos de electricidad que el año pasado, según el grupo de consultoría energética ASE.

Además, Cogen Energía España ha dado por terminado el contrato de arrendamiento para la planta de cogeneración en Torrelavega (Cantabria) de Sniace, que solicitó a continuación la liquidación.