El Gobierno da por descartado el proyecto de construir un almacén nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca. El Ejecutivo ha renunciado a continuar con esa opción para construir un cementerio nuclear y lo achaca a los problemas técnicos y los enormes costes adicionales que exigiría superarlos, especialmente por las dudas por la calidad de los terrenos de la que ya alertaron los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y estudios independientes.

El Ministerio para la Transición Ecológica oficialmente aún no ha adoptado la decisión de descartar Villar de Cañas a la espera de poner en marcha el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Pero el plan del Gobierno pasa por buscar otras ubicaciones alternativas para construir el almacén donde se guardarán los residuos de las centrales nucleares durante 60 o 70 años, e incluso se valora mantener la basura nuclear en varios almacenes y no sólo en un único repositorio.

El sector nuclear exige al ministerio comandado por Teresa Ribera que haya un solo almacén centralizado en el que se guarden todos los residuos nucleares y además reclama que esté “cuanto antes” en marcha una instalación que ya acumula un enorme retraso y que todo parece indicar que el Gobierno arrancará de nuevo desde cero.

“La decisión sobre el almacén nuclear debe tomarse con criterios técnicos, económicos, ambientales y de eficiencia. Y con estos criterios la solución de un solo almacén temporal centralizado (ATC ) es la más adecuada”, sentencia Javier Guerra, presidente de la Sociedad Nuclear Española, una suerte de lobby que agrupa a las dueñas de las centrales nucleares (Endesa, Iberdrola y Naturgy) y a otras empresas y profesionales del sector.

“El almacén hay que impulsarlo con la mayor rapidez posible. Es necesario cuanto antes”, apuntaba el también director general de la ingeniería Tecnatom. El lobby nuclear no se pronuncia sobre la idoneidad de la localización del almacén en Villar de Cañas, pero sí exige que el proyecto “esté cuanto antes y que sea un solo almacén, por razones económicas y por seguridad”.

Actualmente, los residuos de las centrales nucleares españolas se guardan en los almacenes individuales (ATI) que tienen cada una de ellas. “El sistema de los ATI es seguro, pero no óptimo económicamente. Los costes irán creciendo si se mantiene”, alertan la organización de las nucleares.

El Gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa tras la moción de censura, ya decidió paralizar el proceso de obtención de licencia de construcción del proyecto de Villar de Cañas. Ahora de dispone a dar por finiquitado el proyecto y buscar otras ubicaciones para albergar el silo o los silos que guardarán los residuos radiactivos.

El consejo de administración de Enresa decidió la pasada semana renunciar a los procesos de adjudicación de cuatro grandes contratos fundamentales para la construcción del almacén en Villar de Cañas por un importe conjunto de unos 240 millones. Entre las licitaciones finiquitadas está la del contrato principal para la construcción de la obra civil del cementerio nuclear, por 217,7 millones de euros. En la práctica, eso significa decir adiós por completo al proyecto.

La hoja de ruta del Gobierno con los objetivos energéticos hasta 2030 ya está lista y se ha pactado con las eléctricas un calendario para el cierre de cada central nuclear entre 2028 y 2035. Ahora toca tomar una decisión definitiva sobre el cementerio nuclear y se va a adoptar de manera paralela al nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que debe poner en marcha el Ejecutivo.

Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos en España, ha elaborado una propuesta de nuevo plan nacional de desechos nucleares. El proyecto ha estado guardado en un cajón todo el tiempo en que el Gobierno estuvo en funciones entre unas elecciones generales y otras. Enresa ha hecho llegar su propuesta formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica de manera inminente.

El actual PGRR fue elaborado en 2006 y ha quedado totalmente obsoleto, y ahora Ejecutivo tiene que poner en marcha un nuevo plan con las previsiones sobre cómo gestionar la basura nuclear, cómo desmantelar las centrales nucleares y cómo financiar todas estas actuaciones. Y lo hará bajo la amenaza de la Comisión Europea de denunciar a España por el enorme retraso que acumula ya la aprobación del nuevo plan. Todos los estados miembro estaban obligados a presentar el plan en 2015.  

De hecho, Bruselas dio el pasado noviembre un plazo de dos meses a España para adoptar el nuevo plan de basura nuclear y, si no lo hacía, denunciará al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Transcurrido el plazo del ultimátum, el Gobierno español trata de impulsar el nuevo programa de residuos nucleares y esgrime ante la Comisión Europea la situación de interinidad en que ha estado durante gran parte de 2019 para ganar tiempo.

La construcción de un almacén temporal de residuos nucleares acumula ya un enorme retraso. El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de 2018. Pero más de ocho años después de que el Consejo de Ministros designara el municipio de Villar de Cañas para instalar el cementerio nuclear, las obras ni siquiera han empezado. Las 52 hectáreas elegidas para ubicarlo siguen siendo campo. Campo vallado, y con un cartel oficial anticipando lo que habrá allí, o lo que tendría que haber. Pero nada más.