El Gobierno ha recibido la propuesta oficial de Enresa –la empresa pública encargada de gestionar los desechos nucleares- para aprobar un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Se trata de la hoja de ruta a muy largo plazo sobre qué hacer con la basura nuclear y cuánto va a costar gestionarla.

El actual PGRR en vigor fue elaborado en 2006 y ha quedado totalmente obsoleto, y ahora el Gobierno tiene que poner en marcha un nuevo plan con las previsiones sobre cómo gestionar la basura nuclear, cómo desmantelar las centrales nucleares y cómo financiar todas estas actuaciones.

Y lo hará bajo la amenaza de la Comisión Europea de denunciar a España por el enorme retraso que acumula ya la aprobación del nuevo plan. Todos los estados miembro estaban obligados a presentar el plan en 2015. Bruselas dio el pasado noviembre un plazo de dos meses a España para adoptar el nuevo plan de basura nuclear y, si no lo hacía, denunciará al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Superado ampliamente el plazo del ultimátum, el Gobierno español trata de impulsar el nuevo programa de residuos nucleares y esgrime ante la Comisión Europea la situación de interinidad en que ha estado durante gran parte de 2019 para ganar tiempo. Pero ahora le espera una larga tramitación.

En la propuesta remitida  al Ministerio para la Transición Ecológica, Enresa apuesta por construir un solo cementerio nuclear temporal (aunque deja abierta la posibilidad de que sean varios) que debe estar listo en 2028 y que acogerá los residuos durante 60 años. Y también propone construir un almacén geológico profundo (AGP) para que esté operativo en 2073 y que guarde para siempre los desechos.

Las estimaciones que maneja Enresa contemplan que entre lo ya gastado en gestionar los residuos nucleares, lo que costará desmantelar todas las centrales nucleares y el coste de la gestión a largo plazo de todos los desechos España gastará 23.044 millones de euros hasta 2100.

De ese importe, unos 6.300 millones de euros se han gastado ya (con euro de 2019) y aún quedaría por gastar 16.745 millones, de los que 4.288 millones corresponde al coste de desmantelamiento de las centrales nucleares y otros 8.219 millones corresponde a la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos de alta actividad (procedentes singularmente de las plantas nucleares).

El cementerio nuclear, en 2028

El Gobierno debe decidir qué solución da al almacenamiento de los residuos nucleares hasta que construya dentro de unas décadas un almacén definitivo. La apuesta de Enresa pasa por construir un único almacén temporal centralizado (ATC) y que esté plenamente operativo en 2028, aunque dos años antes ya debería funcionar el edificio de espera de contenedores y ya podría recibir residuos.

No obstante, Enresa deja la pelota en el tejado del Gobierno y también abre la posibilidad de construir varios emplazamientos temporales por España. Si hay uno o varios almacenes se decidirá durante la tramitación. Enresa se lava las manos y no se pronuncia sobre la ubicación del almacén o almacenes, una decisión que es potestad del Ejecutivo, ni sobre si hay que mantener el actual proyecto de Villar de Cañas.

El Gobierno da por descartado el proyecto de construir un almacén nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca, y ahora tiene que buscar otra solución. El Ministerio para la Transición Ecológica aún no ha adoptado formalmente la decisión de finiquitar el proyecto del cementerio nuclear conquense. Pero ya baraja diferentes opciones para gestionar los residuos radiactivos de las centrales nucleares del país.

El Ejecutivo renuncia a continuar con la opción de Villar de Cañas, aunque aún no lo reconozca explícitamente, y lo achaca a los problemas técnicos y los enormes costes adicionales que exigiría superarlos, especialmente por las dudas por la calidad de los terrenos de la que ya alertaron los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y estudios independientes.

El plan del Gobierno pasa por buscar otras ubicaciones alternativas para construir el almacén donde se guardarán los residuos de las centrales nucleares durante 60 o 70 años. E incluso se valora la posibilidad de mantener la basura nuclear en varios almacenes (dos o incluso tres) y no sólo en un único repositorio. Una opción, esta última, que va ganando peso en el Ministerio comandado por Teresa Ribera, según varias fuentes conocedoras de la situación.

El Gobierno baraja ahora recuperar la antigua lista de municipios que se ofrecieron hace más de una década para acoger el almacén nuclear para encontrar otra localización que sustituya a Villar de Cañas. En 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió la carrera para encontrar la ubicación para construir un almacén nuclear central. Ocho municipios presentaron su candidatura.

Tres pueblos obtuvieron una mejor puntuación que Villar de Cañas, pero el primer Gobierno de Mariano Rajoy, en su primer Consejo de Ministros, eligió en diciembre de 2011 la localidad conquense para acoger el silo. En esa lista de candidatos figuraban Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) –estos tres fueron los que superaron con mejor puntuación a Villar de Cañas-, Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), Congosto de Valdivia (Palencia) y Albalá (Cáceres).

Oficialmente el Ministerio para la Transición Ecológica asegura que no está aún en la fase de buscar ubicaciones alternativas y que no hay una decisión adoptada aún acerca del almacén nuclear. El sector nuclear exige al ministerio comandado por Teresa Ribera que haya un solo almacén centralizado en el que se guarden todos los residuos nucleares y además reclama que esté “cuanto antes” en marcha una instalación que ya acumula un enorme retraso y que todo parece indicar que el Gobierno arrancará de nuevo desde cero.

El plan de Villar de Cañas, paralizado

El Gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa tras la moción de censura, ya decidió paralizar el proceso de obtención de licencia de construcción del proyecto de Villar de Cañas. Ahora de dispone a dar por finiquitado el proyecto y buscar otras ubicaciones para albergar el silo o los silos que guardarán los residuos radiactivos.

El consejo de administración de Enresa decidió hace un mes renunciar a los procesos de adjudicación de cuatro grandes contratos fundamentales para la construcción del almacén en Villar de Cañas por un importe conjunto de unos 240 millones. Entre las licitaciones finiquitadas está la del contrato principal para la construcción de la obra civil del cementerio nuclear, por 217,7 millones de euros. En la práctica, eso significa decir adiós por completo al proyecto.

La hoja de ruta del Gobierno con los objetivos energéticos hasta 2030 ya está lista y se ha pactado con las eléctricas un calendario para el cierre de cada central nuclear entre 2028 y 2035. Ahora toca tomar una decisión definitiva sobre el cementerio nuclear y se va a adoptar de manera paralela al nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que debe poner en marcha el Ejecutivo.

La construcción de un almacén temporal de residuos nucleares acumula ya un enorme retraso. El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de 2018. Pero más de ocho años después de que el Consejo de Ministros designara el municipio de Villar de Cañas para instalar el cementerio nuclear, las obras ni siquiera han empezado. Las 52 hectáreas elegidas para ubicarlo siguen siendo campo. Campo vallado, y con un cartel oficial anticipando lo que habrá allí, o lo que tendría que haber.