El Gobierno quiere blindar a las empresas españolas de sectores estratégicos en plena crisis económica por el coronavirus. Entre las medidas del segundo plan de choque económico ante la pandemia, el Ejecutivo ha aprobado un mecanismo para evitar opas de compañías extranjeras sobre empresas españolas estratégicas mientras dure el estado de alarma.

La debacle en las bolsas ha dejado expuestas a muchas compañías españolas por el desplome de su cotización y las ha dejado a merced de operaciones de compra aprovechando su debilidad. El Gobierno de Pedro Sánchez toma medidas para protegerlas ante esta situación coyuntural con una reforma de la legislación sobre inversiones extranjeras oportunistas. Un blindaje que tendrá una vigencia de un mes, pero que puede ser prorrogado.

"Hemos reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos", ha desvelado el presidente Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo, evitar que compañías extranjeras aprovechen la “caída coyuntural” y la “extrema volatilidad de los mercados financieros” actual para tomar el control de compañías de sectores clave. La reacción en los mercados no se ha hecho esperar: el Ibex subía un 6% apenas minutos después del anuncio, con Telefónica a la cabeza disparándose un 16% tras tocar mínimos de casi tres décadas por el desplome de las últimas semanas.

El Ejecutivo pretende blindar la toma de participaciones significativas (superiores al 10% o que impliquen la toma de control de facto) por grupos de fuera de la UE en sectores como infraestructuras, tecnología, telecomunicaciones, bienes insumos o actividades con acceso a información sensible. Desde el Gobierno se apunta que la operación de compra del gestor de la bolsa española BME por parte del grupo suizo no se vería afectada por estas restricciones y que la autorización de la adquisición llegará en breve.

El Estado español mantenía históricamente un mecanismo llamado de 'acción de oro' para evitar que las empresas españolas que operasen en sectores estratégicos cayeran en manos de compañías extracomunitarias aprovechándose de su menor valor en Bolsa, pero esta prerrogativa fue derogada por exigencia de Bruselas, amparándose en el principio de reciprocidad.