España blinda a sus empresas de sectores estratégicas para evitar que grupos de fuera de la Unión Europea aprovechen el desplome de la bolsa para tomar el control. Una suerte de renovada ‘acción de oro’ que implica que el Gobierno debe dar el permiso para la adquisición de más del 10% del capital o la toma de control de empresas si la oferta es de grupos extranjeros.

En la práctica, supone un escudo para proteger a buena parte del Ibex, ya que el listado de sectores protegidos por ser estratégico es amplio. Energía, telecos, banca, medios de comunicación… quedan blindados ante inversores oportunistas durante un mes –el periodo de vigencia del real decreto en que se recoge la suspensión de la libertad de adquisición-, aunque la medida puede ser prorrogada.

Entre las compañías que quedan blindadas figuran las que gestionen infraestructuras críticas, sean físicas o virtuales. Esto es, infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento y almacenamiento de datos, defensa, aeroespacial, también electorales y financieras. E incluso las propietarias de los terrenos o inmuebles clave para proteger esas infraestructuras.

También quedan protegidas los grupos de sectores de tecnologías críticas, como la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías. Y también las compañías que suministran de insumos fundamentales, en particular energía (tanto en electricidad, gas o hidrocarburos)  o los referidos a materias primas o a la seguridad alimentaria.

Igualmente requieren permiso previo la toma de control de sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, y los medios de comunicación. En cualquier caso, aunque el listado de sectores ya es extenso, el Gobierno se arroga la potestad de suspender la liberalización de inversiones extranjeras en cualquier otro sector no incluido en él, en el caso de que considere que la operación pueda afectar a la seguridad pública, el orden público o la salud pública.

La protección especial levantada por el Gobierno durante el estado de alarma llega en pleno desplome bursátil, que en las últimas ha dejado expuestas a una opa de inversores oportunistas a compañías como Telefónica, Santander, BBVA o IAG (la dueña de Iberia y Vueling) que ahora quedan bajo el paraguas del blindaje del Ministerio de Economía.

Telefónica se ha desplomado un 43,7% desde el pasado 20 de febrero hasta el mínimo histórico de 3,68 euros registrado al cierre del pasado lunes (tras el anuncio de la protección reforzada, las acciones de la teleco se dispararon un 20%, hasta los 4,4 euros por título). Santander ha caído a un un mínimo de 2,018 euros, un 48,9% menos, mientras que BBVA se ha dejado un 53,8% en un mes, y Bankia y Caixabank se han dejado un 48% y un 42%, respectivamente, desde el 19 de febrero.

En el sector energético, Iberdrola ha perdido un 27%, Naturgy un 41% y Red Eléctrica, gestor de todas las redes de alta tensión, un 33%. Endesa también se ha desplomado un 40%, pero en su caso está controlada en un 70% por la italiana Enel y el peligro de opa hostil es inexistente.