Ana Botín, presidenta de Santander, y José Antonio Álvarez, consejero delegado del grupo, han renunciado a la mitad de su sueldo de este año para aportarlo a un fondo para proporcionar equipamiento y materiales esenciales. El resto de miembros del consejo de administración reducirá su retribución un 20% para destinarlo al mismo fondo, que también contará con aportaciones voluntarias de empleados del grupo.
El banco espera que este fondo alcance los 25 millones de euros. "Las aportaciones se destinarán a cubrir necesidades inmediatas, como la producción y adquisición de equipamiento médico, ropa de protección y otros equipos que son necesarios para tratar a los pacientes infectados por el virus, así como a efectuar donaciones a las autoridades e instituciones correspondientes", ha explicado la entidad en un comunicado.
Además, la comisión de retribuciones del grupo propondrán trasladar este mismo compromiso a los equipos con los que cuenta el banco en cada país y el grupo revisará la política de bonus "para asegurar que se destinan los mayores recursos posibles a ayudar" a los clientes.
Además, debido a la crisis del Covid-19, el banco va a revisar su dividendo de 2020 "con el fin de disponer de todos los recursos que sean necesarios para apoyar a las empresas y los clientes particulares que lo necesiten". En todo caso, el banco efectuará el pago de una sola vez, de forma que no pagará el dividendo a cuenta del ejercicio 2020 programado para noviembre.
“Para muchos de nosotros, la pandemia del coronavirus es el desafío más importante al que nos hemos enfrentado en nuestra vida (...) Nos esperan meses complicados, pero confío en nuestra capacidad como sociedad para superarlo y el banco estará a la altura”, ha afirmado Botín al respecto de estas medidas.
La entidad ha anunciado esta tarde que se compromete a mantener el empleo de su filial española y no pondrá en marcha despidos colectivos ni Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) mientras dure la crisis sanitaria. Además, ha donado 4 millones de euros a la Comunidad de Madrid para aumentar las camas del hospital de campaña de Ifema y comprar respiradores, así como otro millón para la adquisición de mascarillas por parte de Sanidad.
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