Cada año cientos de empresas energéticas españolas están obligadas a hacer aportaciones dinerarias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el instrumento financiero que sirve para costear las políticas de recortes del consumo de energía comprometidas con Bruselas. Pero las cantidades que se pagan van desde los decenas de millones de los grandes grupos energéticas a los cuatro céntimos que aporta una pequeña comercializadora de luz, en función de las ventas de energía que registraron en 2018.

Del total de 589 comercializadoras eléctricas de luz y gas y operadores mayoristas de productos petrolíferos y de gas, sólo 378 pasan por caja por el tamaño de sus ventas y este año tendrán que aportar conjuntamente casi 207 millones de euros en cuatro pagos a lo largo del ejercicio, según se recoge en la orden del Ministerio para la Transición Ecológica publicada hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Algo más de la mitad de esos más de 200 millones de euros los asumirán sólo cuatro de los centenares de compañías. A través de las aportaciones de varias filiales, Repsol cargará con 40,8 millones de euros; Endesa, con 27,4 millones, Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, con 24,9 millones; y Cepsa, con 23,3 millones.

Los siguientes en la lista de compañías que más tendrán que aportar al fondo promovido por el Gobierno son Iberdrola, con 15,9 millones de euros; la petrolera BP, con 12,6 millones; y Galp, con 9,2 millones. En el extremo opuesto, los 4 céntimos de Luciérnaga Energía, los 27 céntimos de Rainal Energía o los dos euros y medio de Chitahi Energía.

El objetivo de este año en eficiencia energética marcado por el Ministerio comandado por Teresa Ribera es un ahorro agregado de 262 miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktep) o 3.046,5 gigavatios hora (GWh), y se establece una equivalencia financiera a razón de 789.728 euros por cada ktep o de 67.916 euros por cada GWh.

Cada año decenas de estas compañías recurren de manera sistemática ante el Tribunal Supremo esta aportación, que se sitúa todos los ejercicios en el entorno de los 200 millones de euros (las compañías han aportado algo más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años). El Supremo ha ido avalando sentencia tras sentencia la legalidad de los pagos obligatorios de las compañías, pero cada año las compañías vuelven a la carga innovando e incluyendo nuevos matices en sus recursos.

El Gobierno se dispone a alargar la vigencia del fondo durante diez años más, en línea con lo establecido en la normativa de la Unión Europea, y consagrar las aportaciones millonarias hasta 2030. Unas aportaciones que, tal y como está diseñado hoy el sistema de obligaciones de eficiencia energética, supondrán que las comercializadoras de electricidad, gas y de productos petrolíferos asuman pagos de unos 2.000 millones de euros durante los próximos años. De hecho, los grupos energéticos auguran que el momento incluso será mayor.