El decreto que este martes llegará a la mesa del Consejo de Ministros respecto a los impagos por alquiler recogerá la prohibición, hasta que se cumplan 6 meses desde el fin del estado de alarma, de todos los desahucios por impago a inquilinos vulnerables, así como una prórroga automática por 6 meses de todos los contratos de alquiler, lo que de facto supone impedir que a ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler durante ese periodo de tiempo.

Tras una negociación entre el ministerio de José Luis Ábalos y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se ha acordado asimismo hacer una distinción expresa "entre los pequeños propietarios -que tendrán garantizado el cobro íntegro de sus rentas- y los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda -que asumirán parte del impacto de la medida y tendrán que efectuar quitas, de hasta el 50 por ciento, o reestructuraciones de las deudas de sus inquilinos", según fuentes de la vicepresidencia.

Al final, habrá exención del pago para miles de hogares, como pedía Iglesias

También Unidas Podemos se atribuye que sea el Estado el que se haga cargo, con fondos públicos, de las deudas de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del Covid-19 "que no logren salir de esa situación y no puedan, por tanto, hacer frente a la devolución de las ayudas para el pago del alquiler que se van a poner en marcha", lo que en la práctica derivará en una exención del pago para miles de hogares, que es lo que pedía Iglesias. 

Tal y como se conocía a primera hora de la mañana, el Estado avalará microcréditos sin intereses a devolver en un periodo de entre tres y seis años para los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus.

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) han explicado a Efe que la medida está dirigida a las personas que viven de alquiler en pisos de "pequeños propietarios" -que son los que tienen menos de ocho viviendas en arrendamiento, según su clasificación-, mientras que para los alquileres gestionados por "grandes tenedores" (fondos de inversión, entidades financieras, inmobiliarias y de gestión de activos) prevé moratorias en el pago de la renta.

El Mitma calcula que entre el 85 % y el 90 % del mercado de alquiler está en manos de pequeños propietarios, en su mayoría familias que necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades.

Las consultoras inmobiliarias elevan esa cifra al 95 % o 96 %, mientras que los sindicatos de inquilinos la cuestionan y esgrimen estudios que reflejan que solo el 16 % de los que ponen su casa en alquiler lo hacen por una "necesidad económica urgente".

La propuesta del ministerio que dirige el socialista José Luis Ábalos contaba con el recahzo inicial de Iglesias, partidario de or suspender el pago del alquiler a todos los afectados por el coronavirus los próximos dos meses, en la línea de lo que reclaman los sindicatos de inquilinos, que ya han convocado a una huelga de alquileres a las familias, autónomos y pequeños comerciantes afectados. Asimismo, los arrendadores serían compensados en función del número de sus propiedades, de modo que cuantas más tuvieran, menos se les compensaría económicamente.

El Gobierno última un paquete de medidas para ayudar a los inquilinos que tengan problemas para pagar el alquiler de sus viviendas a causa de la actual situación de crisis sanitaria, paralización de actividades y estado de alarma que supondrá movilizar unos 700 millones de euros.

Con este paquete de medidas que mañana aprobará el Gobierno, se pretende dar respuesta a las demandas al respecto planteadas después de que en el primer paquete de ayudas económicas ya se incluyeran ayudas al pago de hipotecas.