El Gobierno adopta más medidas para proteger a colectivos vulnerables y para evitar posibles abusos en pleno estado de alarma, que está provocando un parón económico por las restricciones a la movilidad y a la actividad empresarial. En el Consejo de Ministros de este martes se han ampliado algunas de las medidas adoptadas ya hace poco más de una semana.

El Ejecutivo ya decretó la suspensión de los cambios de compañía de telecomunicaciones durante el estado de alarma , salvo por razones de causa mayor, y prohibió las campañas comerciales extraordinarias de las operadoras que buscaran captar clientes de otras empresas. El objetivo era impedir que técnicos de las compañías acudieran a los domicilios de los nuevos clientes a realizar la instalación de los equipos y las nuevas líneas, y así evitar una propagación mayor del coronavirus.

Ahora el Gobierno flexibiliza la norma y ha decidido permitir portabilidades (cambios de compañía manteniendo el número) siempre que no sea necesario que un técnico acuda al domicilio del usuario. En la práctica, el cambio legal introducido ahora sirve para permitir los cambios de los contratos de sólo teléfono móvil, que se pueden hacer en remoto y no requieren asistencia domiciliaria o acudir a la tienda de la operadora.

En aquellos supuestos en que se hubiese iniciado una operación de portabilidad y hubiese que suspenderla por requerir la realización de alguna actuación presencial para completar el proceso, los operadores involucrados deberán garantizar que dicha operación de portabilidad no se complete y que en ningún momento se interrumpa el servicio al usuario.

En paralelo, como novedad, el Ministerio de Economía atiende las reclamaciones formuladas por organizaciones de consumidores y ha decidido congelar las tarifas de las telecomunicaciones. Las operadoras no podrán aplicar subidas de las tarifas a sus clientes, dado que éstos no tienen posibilidad de cambiar de compañía para evitarlo. Las telecos tampoco podrán subir los precios a los clientes a los que se les termina algún tipo de rebaja temporal o por expirar el plazo de permanencia pactada.

Sin cortes de luz, gas o agua

El Gobierno ya había prohibido  los cortes por impago de suministro de luz, gas natural, agua y telecomunicaciones a los consumidores vulnerables mientras dure el estado de alarma. Ahora amplía esa suspensión de los cortes de suministros esenciales a todos los ciudadanos en su vivienda habitual. Energéticas y telecos sólo podrán cortarlos por razones de seguridad del suministro, las personas y las instalaciones.

El Consejo de Ministros también ha aprobado una ampliación de los colectivos que pueden recibir el bono social de electricidad, un descuento en el recibo de luz de entre el 25% al 100% del importe de la factura de luz para consumidores vulnerables. Una ampliación de los perceptores potenciales que se aplicará de manera excepcional y sólo temporal, mientras dure la emergencia sanitaria.

El Ministerio para la Transición Ecológica permitirá a partir de ahora que puedan recibir el bono social a personas que cumplan determinados umbrales de baja renta familiar y que acrediten que son autónomos que han cesado su actividad o que hayan visto reducida su facturación en un 75% frente al promedio del semestre anterior.

Autónomos podrán suspender el pago de la luz

El Gobierno también ha aprobado medidas para que los autónomos y las pymes afectados por el parón de actividad puedan reducir parte de sus costes fijos, especialmente los ligados a suministros esenciales. Autónomos y pequeñas empresas podrán suspender el pago de sus facturas de electricidad y de gas natural, o los suministros de butano o propano, y pagarlas de manera prorrateada durante los seis meses posteriores a la finalización del estado de alarma.

Del mismo modo, pymes y autónomos también podrán beneficiarse de una flexibilización de contratación de electricidad y gas, y podrán modificar o suspender temporalmente sus contratos sin penalización, incluyendo la  posibilidad de reducir la potencia y caudales contratados. Una vez concluido el estado de alarma, se les vuelve a permitir una nueva modificación sin coste ni penalización para ajustarse a la vuelta a la actividad normal.ç

Las eléctricas, gasistas y distribuidas de luz y gas que se vean afectadas por la suspensión de los abonos también podrán ahorrarse parte de sus costes, al quedar exentas del pago de los peajes ligados a ese consumo.

Estas medidas van a provocar una merma de los ingresos del sistema eléctrico y de gas (abonados tanto por los clientes como por las compañías energéticas) que podrían provocar un agujero en las cuentas de ambos. El Gobierno anticipa en el real decreto que inyectará mediante partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado el importe necesario para cubrir esa reducción de ingresos.