El Gobierno ha elevado a 946,6 millones de euros el total de la factura presupuestaria por las medidas adoptadas en el último decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros de este martes contra las consecuencias económicas provocadas por la emergencia del virus Covid-19.

Ese es el cómputo de todo el impacto presupuestario en gastos contemplados en el decreto ley, según consta en la memoria que acompaña el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, y que cifra en más de 800 millones los recursos dirigidos a política de vivienda y alquiler.

En concreto, el Ejecutivo destaca en la memoria que se dedicarán trasferencias del Ministerio de Transportes de fondos comprometidos para 2020 y 2021 en ejecución del Plan Estatal de Vivienda por importe de 346,6 millones y 354,2 millones de euros, respectivamente.

También se movilizan otros 100 millones de euros de este mismo Ministerio por la concesión de un suplemento de crédito en la partida de ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda, que se dirigirán a ayudas a los arrendatarios en el plan de choque en el alquiler.

Los presupuestos de las comunidades y las entidades locales también se verán afectados por el aplazamiento extraordinario de reembolsos en préstamos concedidos a empresarios y autónomos, si bien no se recoge una estimación concreta.

Industria, comercio y turismo: más de 100 millones

Respecto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se prevén ayudas por 50 millones de euros para empresas que hayan alterado significativamente su producción para adaptarse a la crisis sanitaria, y un impacto de 742.000 euros al año en intereses de demora no cobrados por la suspensión de las devoluciones del programa 'Emprendetur'.

Asimismo, se amplía la partida presupuestada para el Fondo de provisiones técnicas de CERSA, en el marco de su línea de garantía por la crisis del coronavirus, y se concede un suplemento de crédito por 60 millones de euros, procedente del programa de 'Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa'.

2.000 millones movilizados con CERSA

La línea de garantías Covid-19 de CERSA cuenta con un importe de 1.000 millones de euros de riesgo asumido por CERSA, que en 2019 asumió 660 millones, y permitirá movilizar 2.000 millones de euros de financiación a empresas, beneficiando a 20.000 pymes, estima el Gobierno.

En el presupuesto del ICEX, que actualmente retiene 6,4 millones de euros de empresas afectadas por ferias aplazadas o canceladas, el Gobierno señala que la cuantía final de beneficiarios e impacto dependerá del calendario final de cancelaciones y las condiciones de cada evento, pero la facilidad para conceder y pagar ayudas no supondrá impacto adicional, puesto que todas esas ayudas ya se recogen en el presupuesto por un importe de alrededor de 6 millones.

El Gobierno indica que la flexibilización de las ayudas y de los préstamos, así como las medidas de apoyo a empresas afectadas por la cancelación de actividades de promoción internacional podrían beneficiar a unas 1.100 empresas.

15 Millones para las televisiones

El Gobierno también indica que la compensación de 15 millones de euros a las televisiones por la caída de ingresos tiene en cuenta el coste de incrementar la cobertura, con 1,16 millones de euros al año por canal y 25 canales de TDT. Esta subvención, indica el Ejecutivo, se destinaría tanto a licenciatarios privados como a la CRTVE, puesto que una caída de los ingresos publicitarios, argumenta, "repercute directamente en una menor aportación por parte de estos a financiación" del ente público.

Por último, la prórroga en lo reconocido a contratos de personal sanitario correrá a cargo del Ministerio de Universidades, con un total de 657 personas beneficiarias, para un máximo de 4,9 millones de euros para ayudas de Formación de Profesorado Universitario y 96.650 euros para ayudas del Instituto Universitario Europeo, correspondientes al presupuesto de 2020 y 2021.

3,15 millones para el subsidio de trabajadoras del hogar

Además, se cuantifica en 3,15 millones de euros el subsidio para las personas trabajadoras en el hogar, con un impacto máximo de la medida de 5,25 millones de euros, pues equivale al salario mínimo durante un mes. Sin embargo, el Gobierno estima una reducción de la actividad del 60%, por lo que rebaja la afectación presupuestaria.

El Gobierno subraya que toda medida de empleo público no supone incremento de gasto, puesto que no se ve alterada ni su vinculación con la Administración de origen ni sus retribuciones, y que en contratación pública tampoco supone incremento directo sino que, por el contrario, "contribuye a una optimización de los recursos y su adecuada personificación mediante la previsión de un plazo adecuado de los contratos de suministro".

En este sentido, señala que "determinados contratos de suministros que podrían no resultar viables con una duración máxima de 5 años, al requerir importantes inversiones específicas, ahora sí lo serían al poder adaptarse la duración del contrato al período de recuperación de dichas inversiones".

Ahorro en justicia

Frente a la factura del decreto ley en términos de gasto, el Gobierno también contempla mejorar los ingresos públicos con varias de las medidas adoptadas, como la regulación de las donaciones para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus, o la ampliación de os supuestos de disposición de los planes de pensiones.

En todo caso, añade el Ejecutivo en su memoria, las cantidades percibidas en los supuestos excepcionales que se prevean estarán sujetas al régimen fiscal establecido legalmente para prestaciones de los planes de pensiones, como rendimiento del trabajo personal y sujeto al tipo marginal del impuesto.

También impactará positivamente, cree el Gobierno, el ahorro de recursos públicos en la Administración de Justicia, con un plan específico de actuación en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo y en el ámbito de los Juzgados de lo Mercantil.