Como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la caída de actividad, total o parcial, tanto de nuestra empresa como de nuestros clientes y proveedores, va a modificar la normalidad de las operaciones económicas y financieras de los próximos meses.

Las previsiones económico-financieras de 2020 se ven irremediablemente trastocadas por esta situación, haciéndose imprescindible en este momento realizar una revisión de las mismas para evitar un problema de viabilidad financiera.

Los ritmos de cobro y de pago se verán alterados, y también la producción y las ventas de la compañía. Todo ello configura un nuevo escenario económico-financiero que hay que visualizar de la forma más objetiva y rápida posible para definir el conjunto de medidas a aplicar.

En este momento, junto con medidas de contención de los costes de personal, a través de los ERTES y el conjunto de medidas laborales desplegadas, se ponen a disposición de las empresas facilidades financieras para obtener mayor liquidez o bien para renovar las operaciones que tengan próximo su vencimiento. Estas facilidades financieras se concretan fundamentalmente en la posibilidad de obtener financiación avalada por el Estado para garantizar las operaciones de financiación que otorguen las entidades financieras.

Análisis de la situación económica y de liquidez

Ante esta situación es preciso realizar un presupuesto de ingresos y gastos y vinculado a éste una previsión o presupuesto de tesorería para analizar la situación y posibles desfases o necesidades.

Realizar un presupuesto de ingresos y costes para los próximos meses (recomendable hasta diciembre 2020); elaborar una previsión de tesorería, considerando cómo se comportarán los cobros de clientes y pagos a proveedores, tanto los devengados con anterioridad a la situación del estado de alarma, como los que se prevean para los próximos meses en base a la actividad esperada, y considerar el conjunto de compromisos financieros, de préstamos, pagos de impuestos y otros que correspondan.

Es necesario disponer de la foto de la situación financiera de los próximos meses, pues con toda probabilidad la liquidez será inferior a la que la empresa habría tenido de no estar sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 y se precisarán medidas para la captación de liquidez adicional.

Es conveniente realizar más de un escenario de ingresos (sobre todo ligado a los tiempos en que se prevé normalizar la situación) pues hay diversas incertidumbres. Asimismo, es un buen momento para aprovechar para valorar si es posible establecer alguna medida adicional de reducción de costes, así como identificar si existen desfases o situaciones ajustadas de liquidez pues será preciso tomar medidas, que podrán variar según las circunstancias.

Aun contando con una estructura financiera poco endeudada, es preciso valorar en esta situación la necesidad de dotarse de alguna línea de financiación para asegurar la liquidez en caso de que se alargue el periodo de crisis y la recuperación de la normalidad económica.

Obtención de líneas de financiación

El gobierno ha habilitado diversas medidas para favorecer que la liquidez llegue a las empresas a través de las entidades financieras.

  • Se ha establecido a través del ICO una línea de financiación específica para las empresas relacionadas con el sector turístico que engloba diversas actividades. Se prevén préstamos para liquidez por un importe hasta 500.000 euros por empresa. Esta línea cuenta con un aval del 50% del ICO.
  • El Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 incluyó una dotación de hasta 100.000 millones de euros a través de avales. El Gobierno aprobó hace unos días el primer tramo de avales por un importe de 20.000 millones de euros, de los cuales el 50% se reservará para garantizar préstamos de autónomos y pymes. Para este grupo el aval del ICO cubrirá un 80% de la financiación que se otorgue y para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70% del préstamo nuevo concedido y el 60% de las renovaciones. El importe máximo financiable será 50 millones de euros y para importe superiores a 1,5 millones de euros se establecen unas limitaciones en función del volumen de negocio y de los gastos de personal. Estos préstamos se pueden destinar a liquidez y a inversión y tendrán un plazo máximo de 5 años. El empresario deberá acreditar las necesidades de liquidez (hasta un límite de 18 meses para PYMES y 12 meses para el resto).

Por otro lado, El RD-ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, establece la posibilidad de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Asimismo, en el RD-Ley 11/2020, por el que se aprueban nuevas medidas complementarias en el ámbito social y económico, el Gobierno ha establecido que aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o préstamos financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad Local podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020 siempre que la crisis del COVID-19 o las medidas adoptadas para paliar la misma hayan originado periodos de inactividad, reducción significativa en el volumen de ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida el pago de los mismos.

En cualquier caso, nos encontramos ante unas facilidades financieras limitadas y consideramos que la velocidad y claridad con que se soliciten a las entidades financieras van a ser determinantes del éxito en su obtención. Por ello, no se debe demorar el análisis de la situación y la solicitud de esta financiación, ya que será muy determinante para superar la tensión financiera que se está generando en muchas empresas.

Begoña Fernández, Socia de Corporate de Vaciero