Las medidas del Gobierno para proteger a los consumidores vulnerables tendrán un impacto millonario para los sistemas eléctrico y de gas, y también directamente para las compañías energéticas.

El Gobierno estima en unos 37,2 millones de euros mensuales el ahorro para los usuarios por la flexibilización de la potencia contratada de electricidad y de gas, aunque esta cifra supondrá una merma en igual importe para los ingresos de los sistemas eléctrico y gasista.

Y, en paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica calcula en unos 23 millones de euros el coste para las comercializadoras eléctricas de la ampliación del bono social de electricidad a los trabajadores afectados por despidos y a los autónomos que hayan cesado su actividad o reducida su facturación por la crisis del coronavirus.

Estas iniciativas están incluidas en el 'macrodecreto' ley con medidas económicas dirigidas a enfrentar la crisis provocada por la expansión del virus Covid-19. En el caso de la medida de flexibilización de la potencia contratada de electricidad, en la que se toma en la memoria como referencia los datos de consumo de electricidad en 2018, y se asimila que cada punto de suministro corresponde a una empresa, el Gobierno estima que el ahorro por la bajada de potencia que permitirá su flexibilización llegará a los 25,7 millones de euros al mes, aunque con un coste para el sistema en igual importe.

Todo ello, por un ahorro por una bajada del 50% de la potencia contratada de electricidad, sobre un total de más de un millón de beneficiarios (1.052.555 beneficiarios, la mitad de los potenciales por esta medida).

Similar proyección realiza el Gobierno para calcular el impacto económico de esta medida sobre los titulares de los contratos de suministro de gas, para el cual toma como referencia la facturación del término de conducción del mes de abril de 2020.

Con estas proyecciones, se estima un total de 39.600 beneficiarios, la mitad de los potenciales, para un ahorro mensual de 11,5 millones de euros -e igual coste para el sistema-, fruto también de una bajada del 50% de la potencia contratada.

No obstante, el Real Decreto-ley establece que las leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se aprueben tras el estado de alarma dotarán un crédito por el importe equivalente a la reducción de ingresos para los sistemas eléctrico y gasista atribuible a estas medidas.

 Bono social y veto a los cortes de suministro

Respecto a la prohibición de los cortes de suministro, el Gobierno toma como referencia lo sucedido en los años de la crisis económica, cuando entre 2011 y 2013 se suspendieron unos 100.000 suministros eléctricos al mes (1,2 millones al año año), aproximadamente, de los cuales el 90% se estima que fueron del sector doméstico.

A un consumo medio para los consumos domésticos de unos 40 euros al mes, cada mes de impago se iría acumulando una deuda adicional máxima de unos 7,2 millones de euros que deberían soportar las comercializadoras.

En el caso concreto de la ampliación de los usuarios con derecho a acogerse al bono social, cifra en esos 23 millones de euros el coste de esta medida durante seis meses, en caso de que se beneficien de ella medio millón de hogares y que todos ellos sean considerados vulnerables, según consta en la memoria de impacto económico del decreto ley del martes, al que ha tenido acceso Europa Press.

Y es que el descuento para estos alcanza el 25%, y el coste mensual de aplicar el bono social a unos mil beneficiarios ascendería a unos 7.735 euros al mes, según la estimación del Ejecutivo, que contempla una factura PVPC (tarifa regulada) para una unidad familiar con dos hijos, sin discriminación horaria, con una potencia anual contratada de 4,11 kilovatios (kW) y un consumo anual medio de 2.438 kilovatios hora (kWh).

Asimismo, el Gobierno recuerda que el coste de esta medida recae en los sujetos obligados a financiar el bono social, las comercializadoras de energía eléctrica de manera proporcional a su cuota de clientes, sin tener efectos sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No tendrá, por contra, impacto para las comercializadoras el aplazamiento de las facturas del consumidor hasta finalizar el estado de alarma, ya que los costes financieros derivados de la misma pueden cubrirse a través de avales estatales, tal y como subraya el Ejecutivo.