La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha decidido abrir varias investigaciones a bancos, a funerarias y a fabricantes de geles hidroalcohólicos para determinar si han incurrido en prácticas irregulares y contrarias a la competencia para sacar provecho de crisis sanitaria del coronavirus y de las restricciones por el estado de alarma.

El supervisor ha decidido investigar la exigencia que algunas entidades financieras de una garantía adicional (singularmente, la contratación de un seguro de vida) para la concesión a sus clientes de los préstamos garantizados con el aval del Estado (líneas de crédito ICO) y de otras ayudas financieras aprobadas por el Gobierno por la emergencia sanitaria. El organismo presidido por José María Marín Quemada analiza si esta exigencia podría constituir una conducta desleal que falsea la libre competencia y que, por ello, choca con el interés público en plena crisis del Covid-19.  

Por otro lado, la CNMC ha decidido abrir también una investigación sobre los precios aplicados por varias empresas funerarias durante la crisis sanitaria pueden tener su origen en acuerdos anticompetitivos entre los rivales o a conductas agresivas desleales en el contexto actual, que serían contrarias a las "exigencias de buena fe" y susceptibles por ello de mermar de manera significativa la libertad de elección de los destinatarios (en este caso, los familiares de los fallecidos).

Asimismo, la CNMC ha puesto su lupa en el aumento del precio de los geles hidroalcohólicos para protegerse de la epidemia y de las materias primas que se emplean en su fabricación (fundamentalmente, el etanol), y también en situaciones de desabastecimiento en el mercado. Por ello, se está analizando la evolución de estos mercados en España para identificar y, en función de los resultados, también sancionar la existencia de conductas anticompetitivas derivadas de tales incrementos de precio.

Las investigaciones son resultado de denuncias recibidas por la CNMC sobre posibles abusos realizados por empresas en plena emergencia sanitaria. Y es que el organismo abrió un buzón público específico para centralizar estas consultas y denuncias ([email protected]) hace apenas una semana. En este tiempo el organismo ya ha recibido medio centenar de denuncias, la mayoría referidas a presuntas prácticas anticompetitivas en el sector financiero y en el de comercialización de bienes y servicios de primera necesidad.