La CEOE desmiente al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y niega haber mantenido contactos con él sobre el ingreso mínimo vital (IMV) temporal que ultima el Ejecutivo. Una ayuda que estará en el entorno de los 500 euros mensuales y que será transitoria hasta aprobar, en unos meses, una renta mínima definitiva para hogares sin recursos.

Desde la Vicepresidencia se había desvelado este jueves un intercambio de documentos sobre la iniciativa con el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. En un comunicado conjunto, CEOE y Cepyme niega que haya habido negociación alguna con el Gobierno sobre la renta mínima temporal y hablan de "manipulación" y "deslealtad".

CEOE y Cepyme aseguran que “en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa” de aprobar de manera urgente un ingreso mínimo vital puente, “ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social, tal y como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales”, apuntan las patronales.

Las asociaciones empresariales denuncian una “manipulación interesada” y una “deslealtad al diálogo social y a los empresarios españoles”. “Nos sentimos presionados para que demos apoyo a una propuesta de partido, que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado en lo que debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales”, sostienen en un durísimo comunicado.

Ante esta situación, ambas patronales anuncian que "en estas condiciones se hace imposible participar mañana viernes, 10 de abril, en la reunión a la que hemos sido convocados por el Ministerio de Trabajo".

El Gobierno prepara la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital de manera inminente. No se trata del programa de ayuda con una renta mínima para hogares vulnerables que pretende el Ejecutivo establecer de manera permanente, sino que se trabaja en una ingreso mínimo vital “puente” de carácter temporal para hacer frente a la crisis ligada a la epidemia de coronavirus. Sería una ayuda transitoria hasta que hasta tener listo el plan definitivo de una renta mínima, dentro de unos meses.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales, comandada por Pablo Iglesias, ha desvelado que ya se había alcanzado un acuerdo dentro del Gobierno para aprobar con carácter de urgencia el nuevo ingreso mínimo vital (IMV) transitorio, tras reuniones con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los grandes sindicatos UGT y CCOO, y con entidades sociales del tercer sector (Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector).

La Vicepresidencia ha confirmado que que sindicatos y asociaciones respaldan la medida, y ha apuntado que el propio Pablo Iglesias había mantenido conversaciones telefónicas con “grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes” que le habrían trasladado que ven adecuada y positiva la medida.

Y también se ha indicado en un comunicado que Iglesias había intercambiado documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que estaba en contacto para abordar el IMV y dando a entender que se había negociado con la patronal. Pero la CEOE desmiente tal extremo.

Desde CEOE se ha venido manteniendo una posición de respaldo a que nadie se quede atrás por la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria y a adoptar medidas para reimpulsar la economía y el consumo. En el comunicado tanto CEOE como Cepyme apuntan que comparten con el Gobierno que "ningún ciudadano puede quedar desatendido en esta crisis económica sobrevenida por la pandemia del Covid-19".

En este sentido, ambas patronales reclama al Gobierno que “se abonen ya las prestaciones que corresponden a las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un ERTE por culpa del Covid-19” y para que los “autónomos, que siguen confinados sin poder trabajar y que han solicitado la prestación por cese de actividad, la cobren con la mayor celeridad”.

El Ejecutivo reconoce que las garantías técnicas y el alto grado de consenso político, social e institucional que requiere el desarrollo del IMV podrían implicar un plazo aproximado de tres meses para su aprobación. Por ello, defiende la conveniencia de poner en marcha, con carácter urgente, un Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP) que garantice que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis.