La Vicepresidencia de Derechos Sociales, liderada por Pablo Iglesias, será la encargada de gestionar el Ingreso Mínimo Vital transitorio que el Gobierno ha acordado con los sindicatos y las ONG. Será una renta mínima para personas que en la situación actual del país, derivada de la pandemia del coronavirus, cuentan con ingresos mínimos y para la cual el departamento de Iglesias baraja una cifra de 500 euros mensuales.

Fuentes sindicales y empresariales señalan que la cifra no se ha cerrado en la reunión que mantuvieron este jueves con los ministerios de Trabajo, Seguridad Social y con la Vicepresidencia. Sin embargo, para los sindicatos, que esperaban una prestación del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -alrededor de 430 euros-, alcanzar los 500 euros es positivo. Se trata de una de las demandas que más han repetido las organizaciones sindicales, que aunque valoran los esfuerzos realizados por el Ejecutivo para "no dejar a nadie atrás", apuntan a que 1,2 millones de personas se encuentran en situación de desempleo sin cobrar ninguna prestación.

Desde CEOE respaldan que "que ningún ciudadano puede quedar desatendido en esta crisis económica sobrevenida por la pandemia del COVID-19" pero niegan que el Gobierno haya acordado con la patronal el Ingreso Mínimo Vital temporal. Fuentes sindicales explican que en la reunión del jueves los ministros demostraron su "sensibilidad" ante la medidas pero no su "compromiso" y se mantienen "a la espera de que se apruebe".

El Gobierno pretende dar cobertura a ese colectivo de desempleados de forma temporal y hasta que se configure un Ingreso Mínimo Vital más estructural. El departamento de Iglesias valora que esté en vigor durante tres meses, pero el objetivo es que se mantenga hasta que el Ministerio de Seguridad Social configure el Ingreso Mínimo Vital de forma permanente. Además, los requisitos son algo más amplios de lo que contemplaban los sindicatos. Según ha podido saber este periódico, aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores a los 200 euros mensuales y aquellos hogares cuyos ingresos medios sean inferiores a los 450 euros por persona, también optarán a este Ingreso Mínimo "puente".

"La crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto que es necesario actuar ya para que las personas vulnerables no queden atrás en esta emergencia. Por tanto, el Gobierno quiere aprobar de forma urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente que permanezca vigente hasta la aprobación del IMV definitivo y complete así el escudo social que está construyendo el Gobierno para que nadie quede desprotegido en esta crisis", ha explicado la Vicepresidencia en un comunicado.

El Gobierno calcula que el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital en el que trabaja Seguridad Social tardará unos tres meses, por eso, ha decidido avanzar esta medida. Sin embargo, reitera su compromiso en una medida estructural que dé respuesta a los colectivos más vulnerables de la sociedad y a la que se comprometieron tanto PSOE como Unidas Podemos en el acuerdo de Gobierno presentado a finales de 2019.

El plan de Escrivá

Podemos ya incluyó en su primer programa electoral, el de las elecciones europeas de 2014, una renta mínima. Sin embargo, desde aquella renta universal por el mero hecho de ser ciudadano a la que podría implantar el Gobierno en unos tres meses, hay bastantes diferencias. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, elaboró cuando era presidente de la Airef un informe en el que se planteaba un Ingreso Mínimo Vital para hogares cuyas rentas no excedieran los 2.840 euros anuales, 236 euros mensuales. Esa cifra se acerca a la que plantea ahora la Vicepresidencia y que podría tener en cuenta la Seguridad Social para el Ingreso Mínimo definitivo.

El ministerio de Escrivá ha acelerado los planes para tener listo "cuanto antes sea posible" esta medida. Un plan que el Ejecutivo quiere poner en marcha de forma "permanente", tal como reconoció el ministro en una entrevista en La Vanguardia. "Pondrá el énfasis en la renta, pero diferenciará por tipología de hogares: los monoparentales tendrán una prestación más alta y por supuesto, las familias en función del número de hijos. Son variables en las que trabajamos ahora y en calibrar exactamente el conjunto de hogares que van a resultar protegidos", añadió.

Desde la Airef, Escrivá estimó el coste de un Ingreso Mínimo Vital en unos 5.500 millones de euros que se reducirían hasta los 3.500 millones al eliminar duplicidades, es decir, al eliminar otro tipo de subsidios.