500.000 millones de euros, ni más ni menos. La ingente cifra corresponde al importe máximo del paquete de medidas para frenar el impacto económico acordado por los ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea el pasado jueves después de horas, días y semanas de negociación entre bambalinas. La cifra máxima es ostentosa, pero, ¿cómo se traduce en la vida de los ciudadanos europeos?

Más respaldo en los créditos a autónomos

En primer lugar, el Eurogrupo dio luz verde a movilizar 200.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para conceder préstamos a empresas, particularmente pymes. Esta financiación, respaldada por el BEI y el presupuesto de la Unión Europea, servirá al Gobierno español para reforzar los avales del Estado que ha ofrecido a autónomos, pymes y grandes empresas para asegurar que los bancos conceden créditos a quien lo necesite aunque no presente un gran perfil de solvencia. Así, serán los pequeños empresarios los que se beneficiarán, principalmente, de esta medida.

El aporte de estas garantías del BEI será bien recibido por el Gobierno, pues la primera línea de avales puesta a disposición por el Ejecutivo español, que ascendía a 20.000 millones, fue solicitada al completo en solamente tres días, principalmente por autónomos y pymes, a los que solo correspondía la mitad (10.000 millones de euros). Esta situación llevó al Gobierno a liberar otros 20.000 millones de euros canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a los que únicamente podrán optar pymes y autónomos.

Con las ayudas del BEI, el Gobierno podrá reforzar los avales prometidos para créditos a empresas

El Gobierno se ha comprometido a lanzar hasta 100.000 millones de euros en avales del Estado, que respaldará entre el 60% y el 80% de los créditos concedidos a empresas en problemas por la paralización de la actividad, con lo que garantiza a la banca que su mora no se disparará en caso de impago. En ese caso será el Estado, déficit mediante, el que asuma el coste, por lo que una ayuda de Europa dará aire al Ejecutivo.

Por ello, estas garantías del BEI eran una de las medidas que el Gobierno, representado por la vicepresidenta económica Nadia Calviño, reclamaba al Eurogrupo. Según explicó la ministra hace unos días, el ICO y el BEI ya estudian cómo establecer “sinergias” para reforzar las garantías a los créditos para autónomos, pymes y grandes empresas.

Ayudas para material sanitario

Otro de los acuerdos del Eurogrupo, el que más dolores de cabeza trajo durante los últimos días a sus negociadores, fueron los 240.000 millones en líneas de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a los Estados miembros que lo soliciten. Estos fondos no irán acompañados de ninguna condicionalidad más allá de que su finalidad sean los gastos sanitarios o el apoyo a la economía doméstica, un punto que era importante para países como España e Italia, que querían evitar revivir las pesadillas de la troika y los recortes de la pasada crisis.

Los fondos del MEDE, que están disponibles en cuanto lo requiera un país, llegarán a los ciudadanos en forma de mejora del sistema sanitario y el material disponible, así como apoyo a las economías nacionales en elementos afectados por la crisis del Covid-19, pero solamente a aquellos que los pidan. Los dos países más afectados por el momento, Italia y España, han afirmado ya que no necesitan acudir al mismo. De momento.

Este rechazo forma parte de su estrategia de no dar por perdida la batalla de los eurobonos o coronabonos, como se les ha apodado durante esta crisis, pues consideran que la mutualización de la deuda entre los países que cierran el perímetro comunitario es la mejor solución para salir indemnes de esta recesión. Una medida, no obstante, que podría no llegar nunca dada la fuerte resistencia a su implantación por parte de países como Alemania o Países Bajos.

Seguro de desempleo

La última de las grandes medidas económicas que vio la luz la pasada semana en el seno de la Unión Europea fue el programa SURE, una suerte de seguro de desempleo que dará a los Estados miembros una red de seguridad para afrontar costes laborales derivados de la paralización de la actividad económica.

Esta medida se trasladará a los ciudadanos a través del Gobierno, que dispondrá así de mayor financiación para abonar a los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) la prestación por desempleo comprometida con el fin de paliar el impacto económico sobre este colectivo.

En total, la Comisión Europea pondrá a disposición de los Estados unos 100.000 millones destinados a este fin, con mayor incidencia en los países más afectados (España entre ellos), pero para recibir esta ayuda los gobiernos deberán primero presentar avales ante el Ejecutivo comunitario y este acudirá a los mercados de capitales para obtener la financiación que prestará a los gobiernos.

En general, todas estas medidas refuerzan la capacidad de resistencia de los Estados, que se verá mermada por las fuertes inyecciones al sistema que tendrán que realizar para paliar los efectos de una recesión que pondrá a prueba las costuras de sus cuentas. Esta red de seguridad a los gobiernos es en todo caso positiva para los ciudadanos, pero la Comisión ha aprobado también ayudas directas para algunos sectores que sufren la paralización de la actividad, como los pescadores y los profesionales de la acuicultura, a los que compensará el 75% de sus pérdidas económicas.