Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han pedido que una vez se haya resuelto la crisis sanitaria provocada por el coronavirus se abra el debate sobre la nacionalización de empresas en España. Sin embargo, esa opción no está sobre la mesa para empresarios y economistas.

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) apuntan en declaraciones a este periódico que “nunca las nacionalizaciones de empresas pueden ser más eficientes que ayudarlas mediante medidas de flexibilidad, de apoyo de liquidez o fiscales, para que puedan sortear la situación”.

De hecho, esta es la vía que ha elegido el Gobierno. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha sido preguntada en varias ocasiones sobre si el Ejecutivo estudiaba la nacionalización de sectores estratégicos. Sin embargo, Calviño ha insistido en que se ha optado por la vía de la liquidez para minimizar el riesgo de insolvencia de las empresas. “Es cierto que en algunos países han visto la necesidad de nacionalizar o tomar participaciones, nosotros hemos abordado el principio de liquidez, con esta línea de avales”, afirmó la responsable económica en una rueda de prensa.

En la misma línea se pronunció la ministra de Asuntos Exteriores: "El Gobierno no tiene planes para nacionalizar empresas. España está atenta y en permanente diálogo con empresas, sobre todo con las empresas que pertenecen a los sectores más afectados por esta crisis", afirmó Arancha González Laya.

Fuentes de la CEOE explican que “una crisis de impacto de este tipo ha ocasionado múltiples pérdidas a todas las empresas y en especial a las de los sectores más afectados” y en este sentido reclaman que la actuación pública sea “de carácter preventivo”. “Esta opción siempre es más eficaz que lo que se conoce como procesos de nacionalización, que entran en conflicto con el derecho a la propiedad privada y generan gran inseguridad jurídica”, insisten.

Proteger frente a compras especulativas

El presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, cree que no es el momento de este tipo de debates. “Todos nos tenemos que calmar un poco. Ahora el objetivo es gestionar el tema sanitario”, afirma.

“Otro debate es que muchas empresas hayan quedado desprotegidas y puedan ser sujeto de compras especulativas. Esa es otra discusión y ese sí es un tema sobre el que se ha legislado”, explica Pich. El Gobierno aprobó una ‘acción oro’ para evitar que empresas durante fuera de la Unión Europea tomen el control de empresas estratégicas aprovechando su caída en bolsa.

El presidente de los economistas invita a preguntarnos si la luz, Internet o el agua han funcionado durante esta crisis y si éstos están nacionalizados. “Creo que la discusión que nos corresponde es ver las experiencias recientes. Si miramos el tema financiero, fue una crisis de un sector muy nacionalizado”, señala Valentín Pich.

PSOE -Podemos

Si bien Calviño ha defendido las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, lanzó la idea de "una industria nacional para no depender del extranjero" en relación al material sanitario, en una entrevista reciente. El programa electoral de Más País, el partido creado por Íñigo Errejón, discípulo hasta entonces de Iglesias, ya proponía la creación de una farmacéutica nacional.

La defensa de Iglesias del artículo 128 de la Constitución “toda la riqueza del país está subordinada al interés general” se interpretó como una puerta abierta a las nacionalizaciones. Convertir en públicas algunas de las empresas de sectores estratégicos ha sido uno de los pilares políticos de la formación morada. El mismo Iglesias defendió la nacionalización de las eléctricas en un artículo publicado en eldiario.es en 2017.

Con todo, tanto Francia como Alemania han abierto la puerta a la vía de la nacionalización de empresas. La Comisión Europea ultima, según publicó Expansión, un plan para dejar vía libre a este tipo de procesos. Pese a la negativa socialista, la petición de los sindicatos y los principios de Podemos podrían reabrir el debate como han hecho otros gobiernos comunitarios.