El Gobierno ha desgranado en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas las estimaciones de recaudación de diversos impuestos. Entre ellos, aquellos referidos a la compra de vivienda, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

El Ejecutivo estima que la recaudación de estos tributos caerá un 37,9%, una caída "especialmente significativa" que es consecuencia "de la falta de operaciones por la inactividad económica" causada por el coronavirus. En 2017, la administración recaudó 8.454 millones de euros por ambos impuestos, según la información del Ministerio de Hacienda. Cabe recordar que es un tributo recaudado por las comunidades autónomas.

Ambos impuestos se aplican a la compraventa de una vivienda y su cuantía la fijan las autonomías. También son las administraciones autonómicas las que aprueban bonificaciones relativas a estos tributos. En el caso del ITP solo es aplicable a las viviendas de segunda mano, mientras que el AJD es obligatorio también para la compra de obra nueva.

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados se aplica sobre la firma de hipotecas y lo asume la banca, tras una modificación de la ley introducida por el Gobierno en 2018, a raíz de una sentencia del Supremo que fallaba que era el cliente quien debía pagarlo. Así, desde el 9 de noviembre de 2018 son las entidades bancarias quienes deben asumir ese tributo.

Situación del sector inmobiliario

La paralización de la actividad económica pasará factura al mercado inmobiliario. Bankia advirtió durante su presentación de resultados que la concesión de hipotecas caería alrededor del 30%. Por otra parte, varios expertos del sector estiman que las operaciones se reducirán entre un 20 y un 25%, una caída en las ventas que impactará en la recaudación pública, como ya prevé el Gobierno.

Esta semana publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos sobre la economía española durante el primer trimestre del año que revelaron una caída de la inversión inmobiliaria del 11,9% con respecto al pasado año.

Caída de los ingresos

En el cuadro macroeconómico hecho público este viernes por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se incluye una reducción de los ingresos de 25.700 millones de euros. Se trata de una cifra que supone el 41,2% del PIB.

Por otra parte, el Gobierno prevé que el gasto público alcance el 51,5% del PIB aunque justifica que se trata de un "incremento, temporal y necesario". Con estos datos, Moncloa cree que el déficit público será del 10,34%, el más alto desde 2012; la deuda pública supondrá el 115,5% del producto interior bruto.