El Gobierno amplió a principios de abril los colectivos que pueden recibir el bono social de la electricidad, un descuento en el recibo de luz que puede ir del 25% y hasta el 100% del importe de la factura de luz al que pueden acogerse consumidores vulnerables. Se trata de una ampliación excepcional y sólo temporal para atender la situación extraordinaria que algunos consumidores  pueden sufrir por la crisis provocada por la epidemia de coronavirus.

El Ministerio para la Transición Ecológica permite ahora que también puedan recibir el bono social a personas que cumplan determinados umbrales de baja renta familiar y que acrediten que son autónomos que han cesado su actividad o que han visto reducida su facturación en un 75% durante la emergencia sanitaria.

Desde que entró la medida en vigor, hace un mes, un total de 3.092 autónomos han solicitado acogerse al bono social eléctrico en toda España amparándose en el nuevo supuesto aprobado por haber parado su actividad, haberse derrumbado su facturación y porque la renta familiar ha caído hasta convertirlos en hogares vulnerables, según datos de las grandes eléctricas –que son las que están obligadas a ofrecer el bono social- a los que ha tenido acceso El Independiente.

Al margen del nuevo supuesto temporal, miles de familias han solicitado durante las últimas semanas de crisis acogerse al descuento del bono social por motivos de renta. Durante el estado de alarma un total de 20.946 familias se han sumado al contingente de beneficiarios del bono social eléctrico, que ya superan los 1,3 millones de hogares vulnerables que lo perciben, según confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

En paralelo, con la declaración del estado de alarma por el coronavirus, el Gobierno decidió prorrogar la vigencia del bono social eléctrico a los beneficiarios que debían renovar su solicitud, pudiendo así realizar el trámite hasta el próximo 15 de septiembre. La prórroga automática durante seis meses del bono social -que ha de renovarse  cada dos años- está beneficiando a más de 70.000 hogares al mes, según las estimaciones del Gobierno.