El plan de desescalada diseñado por el Gobierno contempla una reactivación progresiva de los hoteles y los alojamientos turísticos desde la próxima semana. Una reapertura lenta y con restricciones en la puesta en marcha de algunos servicios y uso de zonas comunes de los establecimientos.
Pero el intento de reactivación también se topa con que el confinamiento prohíbe la movilidad entre provincias en principio hasta finales de junio y con un cierre de fronteras para cuyo levantamiento los países de la Unión Europa aún no manejan fechas concretas, pero que puede alargarse hasta otoño. Unas restricciones que bloquea el resurgimiento del turismo al frenar la demanda de los clientes tanto en los alojamientos como en el transporte.
Sin movilidad permitida, no habrá clientes. Y sin clientes, de nada sirve abrir los hoteles. Y del mismo modo, sin garantías de que los viajes no se convertirán en un factor de propagación de la epidemia no pueden levantarse las restricciones. Y sin la confianza de los propios clientes sobre la seguridad sanitaria nadie querrá viajar ante el peligro de contagio.
Tanto el Gobierno como el sector contemplan que la movilidad interprovincial se recupere plenamente en julio, lo que permitiría recuperar parte de la demanda de los turistas españoles. Pero el sector turístico alerta de que es totalmente insuficiente sólo el cliente español para salvar el verano, sobre todo cuando muchos de los destinos de sol y playa son plenamente dependientes de la demanda extranjera.
Las cuentas macroeconómicas que ha enviado la vicepresidenta Nadia Calviño a Bruselas no incluyen ningún ingreso turístico procedente de la demanda extranjera para lo que queda de 2020, lo que ha hecho saltar las alarmas en el sector. “Eso sería una catástrofe para el turismo”, advierte José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, un lobby que agrupa a una treintena de las mayores empresas turísticas de España, entre ellas Meliá, NH Hotel Group, Iberia, Globalia, Riu o Renfe.
Para los grandes grupos del sector, mantener el cierre de fronteras y que no venga ningún turista extranjero, obligaría al Gobierno a poner en marcha “no un plan de apoyo al sector, sino directamente un plan de rescate en toda regla y de magnitudes considerables ya a principios de otoño”. Ante esta situación, el turismo reclama tomar medidas concretas para hacer posible que pueda haber turismo internacional este mismo verano.
Entre ellas, desde diferentes ámbitos empresariales y desde grandes grupos turísticos se apuesta por realizar de manera masiva test a los turistas en su lugar de origen antes de coger el avión, el tren o el barco para detectar posibles casos de contagio. Una forma de dar confianza mediante una suerte de pasaportes sanitarios a todos los viajeros de que no se comparte transporte con posibles infectados y también de dar confianza a la población de los propios destinos de que la llegada de viajeros no va a implicar un rebrote de la epidemia.
“Hacer test masivos tiene una utilidad total para facilitar la movilidad transfronteriza, eliminando parte de las reservas que marcan las restricciones actuales a viajar y a volar. Sería muy práctico un acuerdo europeo para hacerlo en los países de origen”, sostiene el vicepresidente de Exceltur. “Realizar los test rápidos certificaría que el que se sube al avión, al tren o al barco no está infectado y por tanto no será un elemento contaminante cuando llegue al destino, que también tiene que asegurar su protección. Un justo equilibrio entre recibir turistas para impulsar su economía y empleo, pero sin correr riesgos de contagio”.
Test masivos… si hay test para todos
Desde la patronal hotelera se apoya la realización de estos test masivos, pero alertando de la necesidad de modular la medida en función de la disponibilidad de los kits para que no acaben convirtiéndose en un freno al turismo por las dificultades de efectuarlos.
“Es absolutamente necesario hacer pruebas masivas para que los propios destinos tengan confianza para recibir turistas. No habría nada peor que la llegada de turistas provocara brotes de infección, eso generaría turismofobia”, apunta Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).
“Pero cuidado con ponernos cortapisas nosotros mismos pidiendo test masivos desde un inicio. Si no hay suficientes test disponibles en el mercado, estaríamos poniendo un requisito imposible de cumplir y no nos habríamos cargado el turismo”, subraya el ejecutivo de la patronal hotelera.
Mejor test que dejar asientos vacíos
Desde el sector aéreo, que sufre una paralización total por las restricciones de movimientos nacionales e internacionales, también se mueve ficha reclamando pruebas a los pasaejros previas a los vuelos para garantizar su seguridad y, al tiempo, sortear la posibilidad de que se obligue a las compañías a dejar asientos vacíos para garantizar la distancia entre los viajeros.
En un comunicado atípico por ser conjunto, la patronal de las aerolíneas que operan en España, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), y los sindicatos sectoriales de pilotos (Sepla), de tripulantes (Sitcpla, Stavla y USO) y de técnicos de mantenimiento (Asetma) lo reclamaron de manera consensuada.
Aerolíneas y sindicatos pedían “no restringir la capacidad a bordo de los aviones una vez comience la fase de normalización en las operaciones aéreas”, porque ven insostenible económicamente dejar plazas sin ocupar. Y apuntan “como mejor solución la realización de controles previos que garanticen la esterilidad sanitaria antes del embarque”. En los aeropuertos o incluso antes.
Un agujero de 92.000 millones
El plan de desescalada diseñado por el Gobierno contempla una reactivación progresiva del turismo en un intento de no dar por perdido el verano por completo. Las empresas turísticas admiten que la desescalada es un respiro, pero alertan que es demasiado lenta, demasiado fragmentada y difícil de cumplir, y no les libra de un zarpazo millonario en un año negro.
El turismo podrá funcionar durante la temporada de verano, pero muy a medio gas, sólo para los viajeros nacionales –el levantamiento del cierre de fronteras y la reactivación de las conexiones aéreas internacionales aún no tienen fecha-, con un bajón de demanda que se da por seguro y con restricciones que el sector entiende que hacen casi imposible una operativa normal.
La hoja de ruta del Gobierno contempla que hoteles y otros alojamientos puedan reabrir a partir del 11 de mayo, cuando las diferentes provincias entren en la Fase 1, pero sin poder utilizar espacios comunes como comedores, bares o cafeterías. En la Fase 2 se permitiría abrir estas zonas comunes pero con un tercio del aforo. Y en la Fase 3 estos servicios de los hoteles ampliarían su aforo máximo hasta la mitad de su capacidad.
En estas fases, en principio, los clientes de los hoteles sólo podrían ser residentes de la misma provincia y, con carácter general y a la espera de cómo evoluciona la epidemia, podría ampliarse a todos los viajeros nacionales en algún momento de la segunda mitad de junio.
Aunque tradicionalmente el cliente doméstico cubre para el conjunto del sector turístico la mitad del negocio, este año el sector da por hecho una demanda muy inferior por los efectos de la crisis económica en el viajero español y por la falta de confianza del cliente en poder viajar con seguridad plena.
Desde Exceltur se recuerda que en verano la demanda extranjera es crucial para sostener la actividad turística y que en algunos destinos copa la práctica totalidad del negocio. “En los próximos meses la demanda clave es la extranjera, que no aparecerá si los aeropuertos siguen cerrados y no hay vuelos u otros medios de transporte ferroviario o terrestre o se carece de criterios uniformes en la Unión Europea sobre movilidad o sobre niveles de seguridad en destino para los que desean viajar”, sentencia el lobby.
Ante este escenario, Exceltur mantiene sin mover un ápice su estimación de golpe millonario para el sector. Su previsión contempla que la recuperación de las ventas arrancará en el mejor de los casos con la temporada estival ya comenzada y la normalidad no se recuperaría hasta el otoño. Los cálculos de la asociación empresarial anticipan que el golpe para el sector del frenazo de actividad será de 92.556 millones de euros, lo que supone destruir el 60,7% del PIB turístico alcanzado el año pasado.
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