La hostelería pide una distancia de 1,5 metros entre personas para no limitar los aforos.
La cadena de valor de la hostelería, representada por Hostelería de España, la asociación empresarial Aecoc y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) ha presentado al Gobierno un plan de medidas para la desescalada inteligente del sector entre las que figuran flexibilizar los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como no limitar los aforos de los locales, garantizando la seguridad sanitaria con distancias interpersonales de hasta un 1,5 metros.
En concreto, el paquete de medidas económicas incide en la importancia de resolver el problema de liquidez, para lo que piden microcréditos, en torno a 25.000 de rápida concesión, y la suspensión de los alquileres o rentas de los arrendamientos de los locales de negocio por causas de fuerza mayor desde la fecha de entrada en vigor del estado de alarma.
Además, solicitan que se adecúe un sistema de pago flexible de rentas al menos hasta diciembre de 2020, en proporcionalidad al potencial y expectativas de ventas del propio sector.
Para minimizar la pérdida de empleo, las tres entidades proponen flexibilizar los ERTEs para todo el sector hostelero, y extender su duración y seguridad jurídica por fuerza mayor hasta la normalización de la actividad turística, ya que podría favorecer la no destrucción de empleo.
También solicita la flexibilización de los horarios de consumo con la eliminación definitiva de las franjas de edad
Además del paquete de medidas económicas, el informe propone diversas medidas que fomenten la seguridad en el consumo en la desescalada.
De esta forma, el sector pide la apertura progresiva de bares y restaurantes con criterios de salud como el mantenimiento de distancia, que considera que debería ser de hasta el 1,5 metros, como ya se hace en Alemania, y no por concepto del aforo.
También solicitan la flexibilización de los horarios de consumo con la eliminación definitiva de las franjas de edad para la realización de actividades, para que coincida la vuelta a la actividad económica con la movilidad de los potenciales clientes.
El plan presentado al Gobierno recoge que en la fase 0 se empezara también el servicio en las terrazas, que está previsto por el Gobierno para la fase 1, mientras que para la fase inicial también apuesta por el servicio de mesas y de buffet. El servicio de barra lo recomienda para la fase 2, mientras que la apertura de discotecas estaría en la tercera, la más avanzada de la desescalada.
El informe recoge también el 'Sistema Integral de medidas para la reapertura segura del sector', una iniciativa trabajada por la patronal hostelera que detalla las medidas para prevenir el contagio por Covid-19 incorporadas en la Guía elaborada con el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) con el consenso de sindicatos, comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.
Según informa, este sistema tiene como finalidad ayudar al sector a que la reapertura de los establecimientos sea lo más segura posible en las sucesivas fases y reivindica el concepto de seguridad a través de las medidas sanitarias y de prevención, de tal manera que no se limiten aforos, sino que se consiga un aforo seguro.
Entre las recomendaciones que dan al Gobierno para realizar una reapertura más "rápida, segura y que no implicarían una limitación del aforo" destaca la realización de test rápidos a clientes y profesionales, la toma de temperatura y un cuestionario epidemiológico en los acceso a los locales para garantizar la seguridad en los establecimientos.
El sector de la hostelería en España cuenta con más de 300.000 establecimientos y generaba más de 1,7 millones de puestos de trabajo antes de la crisis. Según datos de un estudio recientemente elaborado por la consultora Bain & Company y EY, estos negocios podrían sufrir una pérdida de facturación de hasta el 40% durante este año.
Respecto a los niveles de liquidez, el informe apunta a que sin medidas de apoyo para aumentarlos, la necesidad de financiación*de las compañías hosteleras para cubrir los gastos fijos operativos durante la crisis fluctuaría entre los 6.000 y los 16.000 millones de euros.
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