El ingreso mínimo vital (IMV) que ultima el Gobierno comenzará abonándose a unos 100.000 hogares, aunque el número total de beneficiarios alcanzará el millón, según ha explicado el ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivá.

En una entrevista en RNE, Escrivá ha explicado que esta renta será aprobada en "el último Consejo de Ministros de este mes" mediante un real decreto-ley, de forma que pueda solicitarse de forma inmediata para luego ir reconociéndose, aunque el Gobierno trabaja para que esa cifra aproximada de hogares la cobren de oficio.

"A partir del conocimiento que tenemos de hogares vulnerables que podemos constatar que cumplen las necesidades, estamos tratando de hacer de oficio reconocimiento de partida que permita arrancar con un número importante de hogares", ha dicho el ministro.

Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales.

Se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí tendrá en cuenta valor del piso y de si tiene deudas o no.

La intención del Gobierno es llegar a todo el mundo, eliminando complejidades y mejorando la información a las familias, por lo que estudian sistemas para que pueda ser solicitada por distintos canales, en principio la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas.

"Lo importante es tener la mayor capacidad de capilaridad", ha dicho Escrivá, que ha recordado que la medida tendrá un coste entre 3.000 y 3.500 millones.

Sobre la posibilidad de poner en marcha nuevos impuestos, Escrivá ha defendido el plan fiscal que tenía el Gobierno antes de la crisis del COVID y ha reiterado que el aumento de gasto relacionado con la pandemia debe financiarse con deuda pública lo que conllevará retrasar la senda de convergencia del déficit.

"El plan fiscal que tenía el Gobierno y con el que arrancó es el marco adecuado, está bien diseñado y debería ser suficiente", ha remarcado.

Prestación por cese de actividad

En la misma entrevista, Escrivá ha señalado que el Gobierno mantendrá la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos por la pandemia del COVID-19 hasta el 30 de junio y estudiará cómo ampliarla para algunos sectores, como el turismo, más allá de esa fecha.

Según ha explicado en RNE el ministro de Inclusión y Seguridad Social, se está viendo cómo calibrar esta ayuda con "unas características de gradualidad similares" a las que se han aprobado para ampliar los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio desligándolos del estado de alarma.

Según la normativa vigente, los autónomos beneficiarios de la prestación, 1,3 millones, seguirán percibiéndola hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma. Más allá de esa fecha del 30 de junio, Escrivá ha avanzado que se estudiará la situación por sectores, como puede ser el caso del turismo, para ir acomodando la prestación.