El Gobierno relanza la que pretende que sea la hoja de ruta verde de España a largo plazo. El Consejo de Ministros aprobará este martes remitir a las Cortes el proyecto de Ley de Cambio Climático que marca el objetivo de llegar a 2050 con una economía descarbonizada, neutra en emisiones de CO2, y con un sistema eléctrico 100% renovable.

En el texto se incluye una de las medidas que lleva más de un año –desde que se conocieron los primeros borradores- generando polémica. El Gobierno confirma su objetivo de que en 2040 se dejen de vender en España coches con emisiones directas de CO2 para llegar a 2050 con un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros libre de emisiones.

El Ministerio para la Transición Ecológica adaptó hace meses la redacción de este artículo para superar posibles problemas con la Unión Europea, que exige que no se incluya en las legislaciones la prohibición de tecnologías concretas y se garantice así la neutralidad tecnológica.

 “Se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea [que impide establecer prohibiciones a tecnologías concretas], para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluyendo los vehículos matriculados históricos y los no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones de 0gCO2/km”, recoge el proyecto de ley.

De manera textual, no se prohibirá la venta de coches diésel y gasolina, sino que sólo se permitirá los que no tengan emisiones. Prohibir, pero sin prohibir. Porque de facto quedarían vetadas la comercialización y matriculación de turismos y comerciales ligeros de gasolina, diésel, de diferentes tipos de gas e incluso híbridos. Y, en principio, sólo estarían permitidos los coches eléctricos puros o los de hidrógeno, o cualquier otra tecnológica sin emisiones que se desarrolle en el futuro.

Se trata de una medida que ha levantado ampollas en el sector de la automoción y en el de las petroleras por sus potenciales efectos en las ventas. “Previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.”, promete el Ejecutivo en el proyecto de ley para templar los ánimos.

Y es que desde el Gobierno se entiende que aprobar con veinte años de antelación el fin de la matriculación de coches contaminantes es una oportunidad para la industria automovilística en España. Una oportunidad para reposicionarse para la captación de los nuevos modelos del futuro, disponiendo de todo ese tiempo para adaptarse.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se defiende legislar con esta anticipación para que las factorías españolas no se queden en el vagón de cola tecnológico y permitirles que se reposicionen en un contexto en que los mercados a los que exportan su producción también van a adoptar medidas similares, porque es una senda que va a marcar la Unión Europea.