El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Cambio Climático, la hoja de ruta verde con la que el Gobierno quiere cambiar el modelo económico español para llegar a 2050 con un país neutro en emisiones de carbono y con un sistema eléctrico enteramente renovable. El Gobierno de Pedro Sánchez relanza el plan y lo remite al Congreso para "enriquecerlo" con la aportación del resto de partidos y para la aprobación de la nueva hoja de ruta ambiental .

El primer texto de Ley de Cambio Climático pasó por el Consejo de Ministros como mera declaración de intenciones hace algo más de un año, justo antes de que arrancara la campaña para las elecciones del 28-A y de que la disolución de las Cámaras hiciera inviable su aprobación. Y la ley quedó aparcada durante todo el periodo inacabable del Gobierno en funciones y la repetición de elecciones.

El Gobierno se comprometió a hacer llegar por el Consejo de Ministros el proyecto de ley en los primeros 100 días desde su formación. La pandemia del Covid-19 ha retrasado su aprobación, pero el Ejecutivo lo impulsa en pleno estado de alarma en busca del apoyo parlamentario para convertir en ley los objetivos ambientales del país a largo plazo. Éstos son los aspectos fundamentales de la Ley de Cambio Climático diseñada por el Gobierno.

  • Objetivos ambientales blindados por ley

El texto fija objetivos ambientales y energéticos para 2030 y para 2050, que podrán ser revisados, pero sólo para elevarlos. Los objetivos marcados contra el cambio climático quedan blindados y el Consejo de Ministros sólo podría revisarlos al alza. “La revisión de los objetivos establecidos (…) solo podrá contemplar una actualización al alza de las sendas vigentes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, se incluye en la nueva redacción del texto, que refuerza el blindaje ante posibles regresiones.

La norma determina, por primera vez en una norma con rango de ley, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050 y que antes de mitad de siglo el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.

  • Deberes para 2030: sin carbón, con nucleares

Para conseguir los objetivos a largo plazo, el Gobierno marca también hitos intermedios para 2030. En diez años, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%. Y las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

Los objetivos de la ley se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, para el periodo 2021- 2030, diseña una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovales en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.

Para conseguirlo, la hoja de ruta marcada por el Gobierno en el PNIEC enviado a Bruselas establece llegar a 2030 sin centrales de carbón (aunque las propias eléctricas están adelantado su cierre), con gran parte del actual parque de centrales nucleares (Ejecutivo y eléctricas han pactado el calendario para ir clausurando plantas entre 2027 y 2035) y con casi todas las plantas de gas natural.

  • Movilizar 200.000 millones de inversión en diez años

Según los modelos del PNIEC 2021-2030 diseñados por el Gobierno, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.

  • En 2040 no se venderán coches diésel o gasolina

El Gobierno confirma su objetivo de que en 2040 se dejen de vender coches con emisiones directas  de CO2 para llegar a 2050 con un parque de turismos y comerciales ligeros libre de emisiones. “Se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea [que impide establecer prohibiciones a tecnologías concretas], para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluyendo los vehículos matriculados históricos y los no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones de 0gCO2/km”.

Una medida que ha levantado ampollas en el sector de la automoción y en el de las petroleras por sus potenciales efectos en las ventas. “Previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.”, promete el Ejecutivo en el proyecto de ley.

  • Un ‘Madrid Central’ obligatorio para 145 ciudades de España

En anteriores borradores de la ley el Ministerio para la Transición Ecológica se limitaba a establecer que los ayuntamientos de los municipios de más de 50.000 habitantes (que son 145 en España) “fomentarán” medidas de mitigación para reducir las emisiones. En la nueva versión del proyecto de ley esas medidas se convierten directamente en obligatorias.

El texto fija como obligación que los municipios de más de 50.000 y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y que también cuenten con servicios de coches eléctricos compartidos. Un aspecto este último que hasta ahora no se recogía en anteriores versiones.

Asimismo, como novedad, el Gobierno fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las Administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección del medioambiente. Un giro que busca evitar intentos como el del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de tumbar Madrid Central.

  • Llenar la red de gasolineras de ‘enchufes’

Para favorecer la expansión del vehículo eléctrico, el Gobierno una plataforma de información sobre puntos de recarga y el Código Técnico de Edificación establecerá obligaciones sobre instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes.

Asimismo, las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua, con el objeto de que la recarga del vehículo sea rápida. También tendrán que instalar al menos un punto de recarga rápida —50 kW—aquellas estaciones de servicio que tengan un volumen de ventas superior a los 5 millones de litros de gasóleo y gasolina.

En total, serán algo más de 1.000 las gasolineras que estarán obligadas a instalar enchufes para coches eléctricos, un 9% del total de 11.600 puntos de la red de gasolineras.

  • Garantizar unos PGE contra el cambio climático

El proyecto de ley quiere garantizar una aportación suficiente de los Presupuestos Generales del Estado que deberán contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad final será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, lo que garantiza que se situará al menos en un 20%. Además, el Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio para la Transición Ecológica y del Ministerio de Hacienda, revisará al alza, antes del año 2025, el porcentaje fijado.

En paralelo, el texto garantiza que los Presupuestos Generales del Estado destinarán al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

  • Fondos para el sistema eléctrico

Por otra parte, el documento recoge que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que serán destinados a financiar el sistema eléctrico serán de al menos 450 millones de euros.

Se establece que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada año recogerán los créditos correspondientes en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinándose al sistema eléctrico al menos esos 450 millones de euros para financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos al fomento de energías renovables, y pudiendo destinarse hasta el 30% de los ingresos totales a medidas con incidencia social para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

  • Ni inversiones ni (casi) ayudas públicas para energías fósiles

El Gobierno procederá a la desinversión estatal en todos aquellos activos en empresas o entidades con actividad que tenga relación con productos energéticos de origen fósil. En el plazo de dos años, el Ejecutivo debe elaborar un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

Aunque en borradores iniciales de la norma se establecía la prohibición de nuevas ayudas públicas a los combustibles fósiles, en el proyecto se relativiza el veto y se recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de «interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas».

  • Ni más yacimientos ni ‘fracking’ en España

A partir de la entrada en vigor de la futura ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’. En lo que se refiere a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.

Los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042.

  • Más control de las cuentas de las eléctricas

El Gobierno prohibirá a las eléctricas y gasistas que realizan actividades reguladas destinar los recursos obtenidos a través de esta actividad a financiar sus negocios liberalizados. Empresas transportistas de electricidad y gas (como REE, Enagás o las grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa o Naturgy- y gasistas -Redexis, Nortegas o Madrileña Red de Gas-, entre otras) no podrán otorgar préstamos, prestar garantías o avalar préstamos de otras sociedades del grupo o partes vinculadas que realicen actividades liberalizadas u otras actividades ajenas al sector.

El texto también reconoce la obligación de que las sociedades deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Energía las adquisiciones realizadas directamente o mediante sociedades que controlen de participaciones en otras sociedades mercantiles o de activos de cualquier naturaleza que, atendiendo a su valor o a otras circunstancias, «tengan un impacto relevante o influencia significativa en el desarrollo de las actividades de la sociedad».

Igualmente, deberán comunicar las adquisiciones que realicen las sociedades matrices de los grupos de sociedades designadas como gestor de la red de transporte de electricidad y gas natural, «así como cualesquiera otras sociedades que formen parte de dichos grupos».

  • Subastas renovables para bajar el precio de la luz

El Gobierno pondrá en marcha un nuevo modelo de subastas de nuevas instalaciones renovables, con el objetivo de que la primera puja con la nueva fórmula se celebre este mismo año. Hasta ahora, en borradores previos se establecía que cada año se subastaría nueva potencia renovable por al menos 3.000 megavatios (MW), pero los objetivos concretos anuales se han retirado de la nueva redacción siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado.

El Ejecutivo busca reformar por completo la metodología de las pujas anteriores para utilizarlas no sólo para promover la implantación de nuevas renovables, sino también para hacer posible una rebaja del precio de la electricidad y, con ello, del recibo de la luz que pagan los consumidores. Las empresas a partir de ahora competirán por los nuevos proyectos ofreciendo un precio fijo de la electricidad que se mantendría durante un periodo largo de tiempo (10, 15 o 20 años) y así se trasladará al consumidor.

  • Nuevos actores para un boom renovable

Para favorecer la expansión de las renovables, el Gobierno regula nuevas ‘figuras’ que actuarán en el sistema eléctrico. Con la nueva ley se crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema y se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento.

Además, para favorecer la flexibilidad del sistema en la integración de las renovables, se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica, por ejemplo.

También se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red. En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales hidroeléctricas reversibles en el caso de nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público hidráulico.

  • Fondo millonario pagado por las grandes energéticas

Las principales medidas para mejorar la eficiencia energética se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios. El Gobierno lo identifica como segmento clave en la reactivación económica y como un pilar de la lucha contra la pobreza energética. De acuerdo con el proyecto, el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC.

Para atraer recursos hacia las acciones de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética. Una herramienta que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años, aportados por los grandes grupos energéticas (eléctricas, gasistas, petroleras…), y cuya prolongación durante una década permitirá contar con en torno a 2.000 millones más.

  • Protegerse del impacto del cambio climático por ley

La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una ley. A través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), actualmente en información pública, se implementará un sistema de indicadores para evaluar las políticas públicas y medidas que se adopten en los diferentes sectores.

El Gobierno establece que "deberán integrarse los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la costa, en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria". En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la forestal tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la neutralidad climática. Por ello, se toman medidas para reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.

  • Educar contra el cambio climático

La ley establece que el sistema educativo español “reforzará el conocimiento sobre este desafío global y las capacitaciones para actividades técnicas y profesionales de la economía baja en carbono y resiliente”. Se revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de la educación formal y no formal, y se impulsará la formación del profesorado.

Al tiempo, el Gobierno promoverá que las universidades revisen del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios en los que proceda y mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, así como el catálogo de ofertas formativas en el ámbito de la Formación Profesional, para favorecer la capacitación de perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad medioambiental y del cambio climático.

  • Vigilar que las inversiones sean 'verdes'

El Gobierno quiere también garantizar que las inversiones de los grandes grupos empresariales y las inversiones y préstamos de las entidades financieras tengan objetivos sostenibles y sirvan para combatir la emergencia climática.

El Ejecutivo pretende que las “inversiones sean sostenibles” y toma medidas para vigilar que “vayan en la dirección correcta y evigar que el dinero vaya a la basura”, ha subrayado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para conseguirlo, bancos, aseguradoras y grandes empresas deberán elaborar informes anuales evaluando el riesgo para sus negocios por su exposición al cambio climático y con medidas para evitarlo. Asimismo, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente cada dos años un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y con propuestas para combatirlo para remitirlas al Congreso de los Diputados.

La obligación de información se extenderá también a todos los grupos empresariales y empresas individuales de gran tamaño, que deberán incluir en su informe de gestión que se recoge en sus cuentas anuales una evaluación del impacto financiero sobre la compañía de los riesgos ligados al cambio y deberán explicar las medidas adoptadas para combatirlo.