El acuerdo entre Unidas Podemos, PSOE y EH Bildu ha sentado como un jarro de agua fría entre los empresarios. Y más ahora, cuando estaban previstas las negociaciones junto al Gobierno y los sindicatos cómo prorrogar los ERTE de aquellos sectores que lo necesiten más allá del 30 de junio.

Por ese motivo, la CEOE ha decidido dejar "en suspenso" el diálogo social y anular las reuniones previstas con el Ejecutivo. Esta misma tarde estaba prevista una reunión con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha confirmado en declaraciones a RNE que esa reunión se ha suspendido.

"En estos momentos, primero nos tendrán que aclarar qué significa esto. ¿Para qué me voy a sentar en una mesa si ya está decidido?", ha dicho el presidente de la CEOE.

En un comunicado remitido este jueves por la mañana, CEOE y Cepyme rechazan "con total rotundidad el acuerdo" y consideran que es una "irresponsabilidad mayúscula" que "tendrá unas consecuencias negativas incalculables en la economía española y en la confianza empresarial nacional como internacional".

Desde la patronal consideran que el acuerdo entre las tres formaciones políticas "supone un desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita". Insisten en que se ha dejado de lado "al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales" precisamente "en el momento más delicado de la economía española".

En la misma línea, los empresarios señalan que el pacto "desoye también las recomendaciones emitidas este miércoles por la Comisión Europea". Desde Bruselas, se ha instado al Gobierno a garantizar medidas de apoyo al empleo. Algo que también tiene en cuenta el Instituto de la Empresa Familiar, que también ha rechazado el acuerdo.

Incoherente y contrario

El pacto llega justo después de la primera reunión entre la Comisión tripartita entre Gobierno, patronal y sindicatos para hablar de los ERTE. Por eso, los empresarios señalan que es "incoherente y contrario suscribir un acuerdo para dar un paso atrás e incrementar la rigidez en el mercado laboral".

"Se echarán por tierra todos los esfuerzos realizados para, a través de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lograr hibernar las plantillas y salvaguardar millones de puestos de trabajo", concluye el comunicado.

El acuerdo

El texto firmado y conocido a última hora de este miércoles hablaba de la supresión total de la reforma impulsada por Mariano Rajoy. Es más, mostraba el compromiso de que esta derogación sea «efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19».

Sin embargo, el Gobierno puntualiza cuáles son los puntos que se anularán «con carácter urgente»: la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad; las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo; y la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

El acuerdo, en virtud del cual EH-Bildu se ha abstenido en esta votación, era mucho más ambicioso. De hecho, tras la matización queda descafeinado ya que se limita a los tres puntos mencionados, uno de los cuales ya se cambió.

El pacto inicial recogía, por ejemplo la flexibilización de la regla de gasto para entidades locales, forales y autonómicas. Así, el documento difundido recoge que estas entidades «dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del Covid-19», que no se computarán en la regla de gasto en el caso de las entidades locales.

Se establece, además, que la capacidad de endeudamiento del País Vasco y de Navarra «se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras».

Las tres formaciones afirman suscribir este acuerdo con el fin de «adoptar las medidas necesarias para profundizar en las garantías de escudo social y económico para el conjunto de pueblos y trabajadores del Estado».