A pesar de las incertidumbres que deja la crisis del Covid-19, si algo tienen claro autoridades y economistas es que la deuda pública va a marcar máximos. El propio Gobierno estima que se situará en torno al 115,5% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es algo más optimista (113%) y la Airef, mucho más pesimista (115-122%). En este escenario, el país tendrá que poner toda la carne en el asador y acudir a cuantas vías de financiación sean necesarias si quiere seguir a flote.

Que la deuda se va a disparar es prácticamente un hecho, pero es algo que, dada la situación actual de crisis, debe suceder. “La deuda es consecuencia de que hacemos lo que debemos hacer, porque hay que actuar con contundencia sobre el tejido productivo y la renta”, explica a este periódico Josep Lladós, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.

Las necesidades de financiación de ahora son grandes, pero pequeñas en comparación con lo que tendremos en el futuro"

Las medidas puestas en marcha para sostener a empresas y particulares tras la fuerte ralentización de la actividad económica por la crisis del Covid-19 elevarán exponencialmente la necesidad de financiación del país para este año. Los expertos de Scope Ratings la cifran en hasta 270.000 millones de euros, si bien desde el propio Gobierno han sido más conservadores y la han fijado en unos 297.000 millones de euros.

Para sufragar esa necesidad, el Tesoro ha puesto sobre la mesa un plan de emisión histórico, de unos 130.000 millones de euros. Por el momento, su plan pasa por seguir acudiendo al mercado de capitales para financiarse, en el que está teniendo éxito pese a la fuerte competencia de otros emisores soberanos y con el apoyo del plan de compra de activos del Banco Central Europeo (BCE), que el mercado espera que se amplíe el próximo mes de junio si no surge ningún imprevisto. Pero, ¿es esto suficiente para financiar una deuda que alcanzará, previsiblemente, el 115% del PIB?

“Es una política de dos etapas. La primera es de política de emergencia, de intentar sostener la actividad y la ocupación al máximo, y la segunda es de reactivación de la economía”, explica el profesor Lladós. En esta primera fase, en su opinión, España debe buscar fuentes de financiación que le permitan tener la menor carga financiera, como los fondos del MEDE y el programa de seguro de desempleo europeo (SURE) y aprovechar al máximo las compras del BCE”.

En este escenario, en el que es impensable obtener un superávit primario (el que resulta descontando los intereses de la deuda), la única solución para que una deuda de estos niveles sea sostenible es que la tasa de crecimiento sea mayor que el tipo de interés de la deuda. “Hemos de aprovechar estos mecanismos de financiación más las facilidades que da el BCE interviniendo en el mercado porque mantienen el tipo de interés bajo. Solo con que consigamos reactivar el crecimiento económico haremos que la deuda sea sostenible”, apunta Lladós. El Tesoro estima que la carga financiera este año se sitúe en torno al 2% del PIB, de acuerdo con fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño.

El BCE no intervendrá eternamente

El mercado confía en que el supervisor siga adelante con su promesa de hacer todo lo necesario para sacar a los países de la zona euro de esta crisis, pero surgen algunas dudas de que se pueda materializar esta posibilidad. Por una parte, el fallo del Tribunal Constitucional alemán, conocido hace algunos días, puso en jaque el plan ilimitado de compras al cuestionar el que puso en marcha Mario Draghi en 2015, a pesar de lo cual el BCE sigue adelante con sus planes.

Además, algunos expertos, como Gilles Moëc, economista jefe de Axa Investments Managers, pronostican que el ritmo de compras del BCE puede llevar al agotamiento de los 750.000 millones prometidos al final del verano, "mucho antes de lo esperado".

El Tesoro ha puesto sobre la mesa un plan de emisión histórico, de unos 130.000 millones de euros

Llegado el caso, una posible solución sería "que el BCE conservara en su cartera durante largo plazo los bonos que compra en virtud de ese programa excepcional por la pandemia, de forma que la deuda no fuera pesando en los Estados”, explica a este periódico Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, y más teniendo en cuenta que “la recuperación total de España no se dará hasta 2023”.

Plan B: un rescate, pero más adelante

Para el profesor Lladós, España puede superar esta primera fase, la de emergencia, con las emisiones del Tesoro, el acceso al programa SURE y las compras de activos del BCE. El problema vendrá en la segunda fase, la de reactivación de la economía, en la que tendrá lugar "la gran demanda de deuda".

¿Acabará acudiendo España a un rescate? El Tesoro confía en que su plan de emitir hasta 130.000 millones este año, el acceso al SURE y las compras del BCE bastarán, pero lo cierto es que si este plan no funciona o la economía se ve afectada por un nuevo shock, como un rebrote de la pandemia, tendrá que verse obligado a recurrir a los fondos europeos. Por el momento, únicamente se han puesto a disposición de los Estados los del MEDE, de los que España puede optar a unos 24.000 millones de euros, pero solamente para sufragar gastos sanitarios o impulsar a la economía doméstica.

El verdadero rescate de quien lo necesite llegará más tarde, a través del fondo de reconstrucción, cuya disposición llegará dentro de algunos meses. Por el momento, la Comisión Europea tiene previsto presentar su plan para este fondo la próxima semana y Alemania y Francia presentaron la pasada semana un embrión que podría servir como base, en el que se proponen subvenciones no reembolsables por 500.000 millones de euros, pero con el compromiso de los países de poner en marcha una agenda de reformas.

“Las necesidades de financiación de ahora son grandes, pero pequeñas en comparación con lo que tendremos en el futuro, por lo que hemos de luchar políticamente, con plena convicción, para reactivar la economía lo antes posible, pero no sobre la base del endeudamiento de los países, sino a través de la mutualización de la deuda”, añade Lladós. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que por cada punto que sube el interés de la deuda se pierden unos 11.000 millones de euros, “que es lo que necesitaríamos para que el nivel de gasto en Sanidad fuera equivalente al de los socios europeos”, apunta el profesor.

Bruselas se ha comprometido en que el fondo de reconstrucción no implique para los solicitantes la supervisión de una troika, pero pesa más el estigma de recurrir al mismo por la pasada crisis económica. Dentro de unos meses, sin embargo, la situación no dejará mucho margen de elección. En ese caso, las decisiones del Gobierno "van a estar guiadas por la defensa del interés general", dijo el jueves la ministra Calviño. En otras palabras, como explicaba el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en una entrevista de hace unos días, "cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos".