Las telecos avanzan en su desescalada particular. El Consejo de Ministros ha levantado las restricciones que había impuesto a las operadoras para quitarse clientes unas a otras durante el estado de alarma para evitar el traslado de técnicos a los domicilios de los clientes y así frenar posibles contagios por coronavirus.

 El Gobierno inicialmente prohibió todo tipo de portabilidades (cambios de compañía en que el cliente mantiene el número de teléfono), posteriormente empezó a permitir los trasvases entre empresas de las líneas de móvil por no exigir la presencia de personal en el domicilio y ahora también levanta las limitaciones a las portabilidades fijas, según ha confirmado la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El levantamiento de las restricciones comerciales se incluirá en un amplio real decreto de medidas económicas urgentes ligadas a la pandemia del Covid-19. Fuentes de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, de la que depende la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, justifican el fin de todos los vetos a las portabilidades por el avance de la desescalada. Con toda España ya en Fase 1 o Fase 2, en las que se permiten reuniones en viviendas de hasta 10 personas, se considera que no tiene sentido prohibir las visitas domiciliarias de los técnicos de las operadoras.

El Gobierno sí ha decidido mantener la prohibición temporal a las telecos de que interrumpan a ningún cliente los servicios de telefonía o internet hasta que finalice el estado de alarma, incluso en caso de impago. El Ejecutivo entiende que los servicios de telecomunicaciones son esenciales y su mantenimiento en funcionamiento se protegerá mientras esté vigente el estado de alarma.

Las operadoras no podrán cortar la línea ahora, y al tiempo el Gobierno lanza un procedimiento que facilita a los abonados satisfacer las facturas pendientes de un modo flexible. Las telecos estarán obligados a ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en la que hayan podido incurrir sus abonados desde la fecha de inicio del estado de alarma y hasta el 30 de junio de 2020. El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente y no se podrán devengar intereses de demora ni se exigirán garantías para el fraccionamiento y aplazamiento.

La retirada de estas restricciones a la portabilidad había sido solicitada en las últimas semanas tanto por algunos operadores como por asociaciones de consumidores, que consideraban que no tenía sentido mantenerlas en la actual fase de desescalada y resaltaban que España era el único país de Europa en el que seguía en vigor la prohibición.

El mercado retomará en unos días su dinámica comercial, después de que la suspensión de las portabilidades redujera en un 80% los cambios de operador móvil y en un 95% los de fijo en el mes de marzo, según datos adelantados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y se avecina una guerra comercial para captar parte de toda la demanda de cambios de compañía retenida durante la prohibición.