Los sindicatos de Nissan han cumplido su amenaza y han comenzado su movilización contra el el cierre del centro de producción de la compañía en Barcelona. Pocas horas después de que la multinacional confirmara al Gobierno la clausura, los trabajadores han quemado neumáticos a las puertas de la factoría y han cortado algunas carreteras cercanas.

Tras conocer el anuncio oficial del desmantelamiento de la producción, los representantes sindicales de la plantilla han llamado a los trabajadores a mantener la huelga indefinida que se inició el pasado 4 de mayo y a redoblar las movilizaciones.

Decenas de trabajadores se han concentrado ante la planta de la Zona Franca y estudian nuevas medidas de protesta. "Los trabajadores de Nissan no descansaremos hasta convencer a la multinacional de mantener las operaciones industriales en España", ha asegurado CCOO, que ha emplazado además a las instituciones españolas, catalanas y municipales a trabajar junto a los sindicatos para buscar una solución.

En un comunicado suscrito por el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, la central insiste en poner en valor el alto coste que tendrá para Nissan el cierre de Zona Franca y que se eleva a los 1.000 millones de euros, entre indemnizaciones a los trabajadores, proveedores y reclamaciones judiciales mercantiles y laborales. 

En esta cantidad entrarían también los gastos en infraestructuras y para descontaminar el suelo industrial.

La secretaria general de USOC, María Recuero, ha calificado de "injusta" la decisión y ha denunciado que Nissan "aproveche las dificultades económicas y de movilización social por la COVID-19 para anunciar una decisión de efectos catastróficos en unos momentos ya de por si muy duros para el empleo".

En un comunicado, la dirigente sindical ha instado a dar una respuesta "dura" a este anuncio para hacer inviable el cierre, y ha llamado a "la movilización social continuada" y a tejer una "alianza social e institucional" para buscar una alternativa industrial que permita la salvación de los puestos de trabajo. 

Por su parte, UGT ha rechazado la decisión tomada por la firma nipona en plena pandemia del coronavirus y que "condena" a más de 3.000 familias de forma directa y a más de 20.000 de forma indirecta, al tiempo que ha denunciado que "ni las administraciones ni la dirección europea y japonesa de Nissan han estado a la altura de las circunstancias".

En esta línea, el sindicato recuerda que Nissan Motor Ibérica lleva desde 2012 trabajando muy por debajo de su capacidad y reprocha a las administraciones que no hayan reaccionado hasta hace muy poco.

Además, critica que la multinacional haya tomado decisiones estratégicas "nefastas", sin inversiones y sin afrontar los problemas reales de los trabajadores. 

En este escenario, reclama "medidas urgentes" a las administraciones públicas para ayudar al sector de la automoción y reindustrializar un sector que genera más de dos millones de puestos de trabajo en toda España.