Con el estado de alarma recién estrenado, el Gobierno se lanzó a blindar a las empresas españolas de sectores estratégicos para que cayeran en manos de inversores oportunistas extranjeros en plena crisis. Así que el Ejecutivo aprobó un mecanismo para evitar opas de grupos extracomunitarios (o de sociedades de la UE controladas realmente por compañías no comunitarias) sobre empresas españolas estratégicas.

En principio, la medida estaba pensada para proteger a empresas cruciales para la seguridad por controlar infraestructuras críticas durante el estado de alarma (para evitar que la debacle en bolsa de algunas de las expusieran a grupos no comunitarios que aprovecharan su debilidad), pero posteriormente se modificó la norma para hacerla permanente a las espera de una nueva normativa que debe proponer el Gobierno a Bruselas sobre este tipo de blindajes.

El escudo vigente desde hace apenas poco más de dos meses hace que la opa que quieren lanzar los fondos estadounidenses KKR y Providence y el británico Cinven sobre MásMóvil por unos 2.964 millones de euros tenga que recibir el visto bueno del Gobierno español, a través del Ministerio de Economía comandado por Nadia Calviño. “Formalmente de momento no hay opa, sólo un anuncio, pero tal y como está hoy planteada los fondos van a tener que pedir permiso”, sentencian fuentes próximas a la operación.

La normativa actual marca que las empresas extracomunitarias que quieran hacerse con una participación superior al 10% en empresas estratégicas (el sector de las telecomunicaciones está incluida en esta categoría) han de contar con la autorización del Ejecutivo. KKR, Cinven y Providence lanzarán su oferta por el 100% del capital, condicionan la operación a conseguir más del 50% y ya cuentan con la garantía de venta de accionistas actuales para tomar el control de casi un 30% de la teleco.

La operación cuenta con el respaldo del consejo de administración de MásMóvil, tanto de los grandes accionistas de MásMóvil y de su equipo de dirección. La aquiescencia de los actuales gestores anticipa que MásMóvil no tratará de utilizar todas las prebendas legales para entorpecer la operación, pero el papel del Ministerio de Economía no cambia sustancialmente siendo la opa amistosa u hostil.

“El juicio del Gobierno es el mismo en una y otra situación. No cambia. El Gobierno debe calibrar el impacto de la operación en un sector estratégico, nada más. Sea la operación amistosa o no”, sentencian fuentes oficiales. “Lo único que se ponderará es la protección de infraestructuras críticas para el país dentro de la normativa vigente”.