El Ingreso Mínimo Vital se gestionará desde la Seguridad Social al menos hasta 2021. Será entonces cuando el Gobierno estudie “la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital”. Así lo señala el Real decreto-ley publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La excepción son País Vasco y Navarra que asumirán las competencias relativas al ingreso mínimo vital antes de octubre, tal como acordaron el Gobierno junto al Partido Nacionalista Vasco (PNV) justo antes de la aprobación de la prestación. Se trata de un acuerdo que no ha sentado muy bien a otras autonomías que también reclaman poder gestionarlo.

Sin embargo, la normativa establece que esos convenios no llegarán hasta el próximo año. De esta forma, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, o al menos los seis primeros meses de vigencia, esta prestación estará en manos del Estado.

Al menos tres comunidades, Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana han reclamado al Gobierno poder gestionar el ingreso que podrá compensarse con las rentas garantizadas que ya tienen en marcha las diferentes regiones. De hecho, varios presidentes autonómicos aprovecharon la videoconferencia con Moncloa de este domingo para insistir en el asunto.

Los convenios se tramitarán desde la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital. Se trata de un nuevo órgano de cooperación administrativa en el que participan miembros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto con el secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y también la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Tramitación telemática

Hasta que se produzcan esos acuerdos, la forma de solicitar el ingreso mínimo vital es a través del registro electrónico de la Seguridad Social. La solicitud se abrirá el próximo 15 de junio y también se habilitará un teléfono 900, así como un asistente virtual para resolver dudas.

Las personas que resulten beneficiarias del ingreso mínimo vital y que lo soliciten entre el 15 de junio y el 30 de septiembre lo cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio. El objetivo es que no se acumulen las solicitudes los primeros días, según indican fuentes del Gobierno.