El sello social que identifique a las empresas que contraten a beneficiarios del ingreso mínimo vital se hará esperar. Así lo ha afirmado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

"Queremos darnos unos meses para regularlo adecuadamente", ha dicho el ministro en una rueda de prensa para valorar los datos de afiliación a la Seguridad Social conocidos este martes. Sin embargo, ha reconocido que desde el departamento que dirige ya ha habido conversaciones con el sector empresarial: "tengo la sensación de que es algo que va a funcionar bastante bien", ha señalado.

De la misma forma, Escrivá espera tener listo antes de verano el reglamento complementario para hacer compatible la nueva prestación con el trabajo. "Tenemos hechos algunos cálculos pero hay que aquilatarlos", ha explicado el ministro.

El ingreso mínimo vital, aprobado hace menos de una semana en el Consejo de Ministros, tiene como objetivo sacar de la pobreza extrema a 850.000 hogares complementando sus rentas. Según el Real decreto-ley publicado el pasado lunes, este lo gestionará la Seguridad Social al menos hasta 2021.

Convenios con las CCAA

No será hasta el próximo año cuando el departamento que dirige Escrivá estudie los convenios con otras Comunidades Autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra. Sobre este asunto, el ministro ha insistido en la singularidad de las haciendas de ambas regiones.

"De lo que se trata es de ser eficaz y evitar lo que ha pasado con otras prestaciones anteriores, como la de dependencia, que después no han cumplido suficientemente con las expectativas", ha afirmado el ministro para justificar que otras CCAA no puedan asumir esta competencia.

Sobre la gestión del ingreso mínimo vital, Escrivá ha confirmado que se apoyará en Tragsa para su tramitación, tal como publicó este periódico. Según los cálculos del ministro, se incorporarán cerca de 500 personas para la gestión de expedientes y la atención telefónica.