Tras dos años en el cajón, la tramitación de la ley que pondrá en marcha el sandbox financiero empieza a coger forma. El Gobierno ha conseguido tras saltar varios obstáculos llevar al Congreso la norma que dará a bancos y fintech la oportunidad de probar con clientes reales (y siempre bajo la supervisión del Banco de España) proyectos que impliquen aspectos aún no contemplados en la regulación y la ley ha pasado ya la fase de enmiendas, en la que todos los grupos han hecho aportaciones sobre la base de sacar adelante el proyecto, salvo uno: ERC.
El Grupo Parlamentario Republicano presentó el pasado mes de abril una enmienda a la totalidad sobre el proyecto de ley para la transformación digital del sistema financiero, nombre oficial de la norma que todo el sector financiero conoce como sandbox o laboratorio de pruebas regulatorio.
Los supervisores no nos merecen mucha confianza como para que puedan asumir los riesgos que comporta este ambicioso proyecto", dicen desde el Grupo Republicano
Este término anglosajón viene a definir un entorno de ensayos en el que bancos, fintech y todo tipo de organizaciones podrán probar productos que impliquen aspectos aún no regulados (por ejemplo, las criptomonedas) con la seguridad de que no estarán cometiendo ninguna infracción, pues estarán temporalmente eximidos del cumplimiento de algunas normas, pero siempre bajo la supervisión del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (también de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para proyectos relacionados con los seguros).
Tanto empresas como supervisores ganan con el proyecto: las primeras por poder desarrollar ideas innovadoras con clientes reales y los segundos por poder observar nuevas realidades, adelantarse a los acontecimientos y que la regulación no vaya por detrás de la realidad.
"Desregulación"
ERC considera que este proyecto de ley "supone un paso más en la desregulación de las finanzas". Cree que llevar a cabo este proyecto con todas las medidas de seguridad requeriría "una cantidad de recursos importantes" y "no son momentos oportunos" debido a la "emergencia social" que ya existía antes de la pandemia del Covid-19 y la "inmensa e imprevisible emergencia social" que viene.
"Teniendo en cuenta que, en esencia, siguen siendo los mismos supervisores financieros que no supieron ver la enorme crisis que se nos vino encima hace pocos años y que, en buena parte, ellos fueron los culpables en tanto que permitieron la comercialización de productos tóxicos, pues no nos merecen mucha confianza como para que puedan asumir los riesgos que comporta este ambicioso proyecto", apuntan en la enmienda a la totalidad, que firma el diputado Joan Capdevila.
El sector, sin embargo, tiene una opinión distinta. Desde las patronales AEB y CECA, así como desde el Banco de España, la CNMV y otras instancias se ha mostrado siempre una actitud positiva hacia esta ley. También por parte del resto de grupos del Congreso, que han presentado enmiendas, pero destinadas a mejorar el texto del proyecto de ley.
Ello da esperanzas a la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) sobre que el aprobado definitivo a la norma se produzca este mismo año pese a la situación en la que se encuentra el país. "La tramitación no debería llevar mucho tiempo. Todas las enmiendas de los grupos políticos son buenas porque permiten más innovación, van un poco mas allá", explica Jaime Bofill, socio del despacho Hogan Lovells, que confía en que la enmienda a la totalidad de ERC no tenga mucho recorrido.
Bofill es optimista y cree que el sector podría disponer de este laboratorio de pruebas antes de que termine el año. "Si pasara al Senado antes de agosto, se aprobaría en septiembre, cuando se publicaría en el BOE y se le darían las facultades al Tesoro para publicar la primera convocatoria del sandbox", explica. Según sus cálculos, ya en octubre o noviembre se podrían estar presentando proyectos ante el Ministerio de Asuntos Económicos.
Eterno apunte en la agenda del Consejo de Ministros
Esta norma es una de las que más difícil lo ha tenido para llegar al Congreso. La ley empezó a gestarse cuando aún estaba a los mandos del Ministerio de Economía el actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. Sin embargo, fue su breve sucesor, Román Escolano, quien la llevó a consulta pública.
La ley se empezó a gestar cuando De Guindos era ministro de Economía
La moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente del país en mayo de 2018 dio al traste con el proceso de tramitación de la norma y Nadia Calviño, ya al timón del departamento económico, volvió a llevar el proyecto a consulta pública. Tuvo más suerte que su antecesor, pues logró que el Consejo de Ministros diera su aprobación al texto en febrero de 2019, pero de nuevo la disolución de las Cortes impidió su desarrollo.
No fue hasta febrero de este año cuando el Consejo de Ministros surgido de la repetición de las elecciones del pasado noviembre dio por fin su visto bueno a la norma y, por el momento, no se ha vuelto a parar el proceso.
De hecho, como reconoce Bofill, solamente una disolución de las Cortes podría poner fin a su tramitación y obligaría a tener que reiniciarla otra vez prácticamente desde cero. En caso contrario, el eterno apunte en la agenda económica del Consejo de Ministros podría ser finalmente aprobado en los próximos meses. Al tiempo.
Tras dos años en el cajón, la tramitación de la ley que pondrá en marcha el sandbox financiero empieza a coger forma. El Gobierno ha conseguido tras saltar varios obstáculos llevar al Congreso la norma que dará a bancos y fintech la oportunidad de probar con clientes reales (y siempre bajo la supervisión del Banco de España) proyectos que impliquen aspectos aún no contemplados en la regulación y la ley ha pasado ya la fase de enmiendas, en la que todos los grupos han hecho aportaciones sobre la base de sacar adelante el proyecto, salvo uno: ERC.
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