Las operadoras de telecomunicaciones están atendiendo una auténtica avalancha de clientes que piden aplazar el pago de sus facturas con motivo de la crisis económica provocada por la pandemia. Son centenares de miles de hogares, de pymes y de autónomos que están postergando sus recibos de móvil o internet en plena emergencia sanitaria por el Covid-19, y las abonarán a plazos dentro de unos meses.

Las telecos, sobre todo los grandes grupos pero también las pequeñas operadoras, acumulan ya cerca de 350.000 clientes que han pedido aplazar sus facturas durante el estado de alarma y que afrontarán los pagos más adelante, según confirman varias fuentes del sector consultadas por El Independiente.

Desde que arrancó la emergencia por el coronavirus, algunas compañías de telecomunicaciones activaron programas específicos que permiten aplazar los abonos y flexibilizar los pagos durante meses. Algunas compañías lo aplican sólo a pymes y autónomos, otras de manera general a todos sus clientes incluyendo los hogares.

Telefónica, que puso en marcha un programa de flexibilización de los abonos ya en los primeros días de la crisis sanitaria, es la teleco que más peticiones está gestionando. El grupo, que la mayor teleco del mercado español. ha aprobado ya el aplazamiento de facturas para más de 140.000 clientes.

Telefónica, que opera con las marcas Movistar y O2, ha asumido el pago aplazado de los recibos de unos 110.000 hogares y más de 30.000 pymes y autónomos (la operadora tiene también acuerdos para el fraccionamiento de los pagos con 8.000 de estos clientes profesionales). Las otras grandes telecos españolas –Orange, Vodafone y MásMóvil- se reparten la inmensa mayoría del resto de clientes que han solicitado el aplazamiento de los pagos por razones económicas en mitad de la crisis del coronavirus.

Según apuntan varias de los grandes grupos de telecos, en ese contingente de 350.000 clientes se incluyen de momento únicamente los que han solicitado de manera proactiva acogerse a estas medidas de flexibilización en los pagos. Pero a éstos acabarán sumándose, según las previsiones de las compañías, miles de clientes que directamente se verán forzados al impago sin comunicarlo previamente a la compañía ni acogerse a los programas ofrecidos por las operadoras.

En este caso, las compañías tienen que dar facilidades de manera forzosa, por ley. El Gobierno decretó la prohibición temporal a las telecos de que interrumpan a ningún cliente los servicios de telefonía o internet hasta que finalice el estado de alarma, incluso en caso de impago. El Ejecutivo entiende que los servicios de telecomunicaciones son esenciales y su mantenimiento en funcionamiento se protegerá mientras esté vigente el estado de alarma.

Las operadoras no pueden cortar la línea ahora y el Ministerio de Asuntos Económicos ha diseñado un procedimiento que busca facilitar que los clientes puedan pagar las facturas pendientes de un modo flexible. Las telecos estarán obligadas a ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en la que hayan podido incurrir sus abonados desde la fecha de inicio del estado de alarma y hasta el 30 de junio de 2020.

El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente y no se podrán devengar intereses de demora ni se exigirán garantías para el fraccionamiento y aplazamiento. Cuando se ponga en marcha este procedimiento obligatorio para las operadoras, el sector da por hecho que al contingente de clientes que han aplazado facturas se sumarán miles de usuarios más.