Las telecos están asumiendo una avalancha de clientes que tienen que aplazar el pago de sus facturas por los efectos de la crisis económica provocada por la epidemia. Centenares de miles de hogares, de empresas y de autónomos están pidiendo postergar sus recibos de teléfono o de internet desde que arrancó el estado de alarma.

Las operadoras, sobre todo los grandes grupos pero también las pequeñas operadoras, acumulan ya cerca de 350.000 clientes que han pedido aplazar sus facturas durante la emergencia sanitaria y que afrontarán los pagos más adelante, según adelantó El Independiente.

Telefónica, que puso en marcha un programa de flexibilización de los abonos ya en los primeros días de la crisis sanitaria, es la teleco que más peticiones está gestionando. El grupo, a través de sus marcas Movistar y O2, ha aprobado ya el aplazamiento de facturas para más de 150.000 clientes con dificultades y que suponen financiar a los usuarios un importe de más de 160 millones de euros, según los datos de la compañía.

Telefónica ha asumido el pago aplazado de los recibos de unos 120.000 hogares y más de 30.000 pymes y autónomos (la operadora tiene también acuerdos para el fraccionamiento de los pagos con 8.000 de estos clientes profesionales), y también ha adelantado pagos a unos 200 proveedores.

Según apuntan varias de los grandes grupos de telecos, en ese contingente de 350.000 clientes se incluyen de momento únicamente los que han solicitado de manera proactiva acogerse a estas medidas de flexibilización en los pagos. Pero a éstos acabarán sumándose, miles de clientes que directamente se verán forzados al impago sin comunicarlo previamente a la compañía ni acogerse a los programas ofrecidos por las operadoras.

En este caso, las compañías tienen que dar facilidades de manera forzosa, por ley. El Gobierno decretó la prohibición temporal a las telecos de que interrumpan a ningún cliente los servicios de telefonía o internet hasta que finalice el estado de alarma, incluso en caso de impago. Las operadoras no pueden cortar la línea ahora y el Ministerio de Economía ha diseñado un procedimiento por el que las telecos estarán obligadas a ofrecer un fraccionamiento de seis meses del pago de la deuda en la que hayan podido incurrir sus abonados desde la fecha de inicio del estado de alarma y hasta el 30 de junio de 2020.

Además de estos 160 millones financiados a clientes y proveedores en apuros económicos, Telefónica ha movilizado otros 60 millones de euros en iniciativas sociales, donaciones y equipamientos para infraestructuras críticas durante la emergencia sanitaria. En total, en estos tres meses, la aportación económica supera los 220 millones de euros.

Entre las iniciativas, destacan los 25 millones en compras de material sanitario traído de China para donarlo al sistema sanitario, el despliegue de redes e infraestructuras en el hospital temporal de Ifema y otros centros sanitarios de campaña, así como la donación de tabletas y gigas de navegación o tarjetas SIM con líneas para el Ministerio de Educación.