El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sugerido que es necesario realizar cambios en la ley de quiebras para asegurar que las empresas viables no se queden por el camino tras la pandemia. En su opinión, es necesaria la "revisión de los procesos de reestructuración e insolvencia empresarial con el objeto de reforzar su agilidad y eficacia".

Hernández de Cos ha explicado en su comparecencia en la Comisión de reconstrucción del Congreso que es necesario que las empresas con dificultades financieras, "cuyo número aumentará previsiblemente en los próximos meses", tengan acceso a un "marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables".

Precisamente, esta semana los economistas de Fedea proponían la condonación parcial de las deudas que las empresas están contrayendo con los bancos a través de la financiación con aval del Estado para las que tengan perspectivas de viabilidad pero se hayan visto especialmente impactadas por esta crisis. "La Unión Europea ha autorizado un Marco Transitorio para las ayudas de Estado que permite reforzar temporalmente la solvencia de las empresas que lo soliciten", recordaban en su informe.

Más financiación

Además, a la vista de cercano final de las líneas de avales puestas a disposición por el Gobierno para apoyar a las empresas con problemas financieros por la crisis del Covid-19, tanto el gobernador como la patronal bancaria han subrayado la necesidad de contar con más instrumentos de financiación para apoyar a las que son viables con el objetivo de que no se queden por el camino.

“En el caso de las líneas de apoyo público a la liquidez de las empresas, sería conveniente valorar la posibilidad de ampliar los mecanismos actuales por medio de instrumentos que primen el acceso a la financiación por parte de aquellos agentes con perspectivas más sólidas de viabilidad”, ha explicado Hernández de Cos.

El gobernador ha propuesto una modificación de la ley de quiebras para que las empresas viables puedan mantenerse a flote. “El objetivo debe ser que las empresas con dificultades financieras tengan acceso a un marco de reestructuración corporativa cuando aún son viables”, ha afirmado.

Además, Hernández de Cos ha defendido el análisis de riesgo que los bancos están haciendo a la hora de conceder estos créditos ICO, cuya demanda sigue siendo elevada a pesar de que ya se ha repartido gran parte a las empresas en problemas, dado que es el propio supervisor el que lo exige y puesto que "los bancos no tienen la obligación de conceder el crédito".

En todo caso, para ejemplificar que no se están produciendo problemas de conducta por parte de los bancos, el gobernador ha explicado que el Banco de España solamente ha recibido 68 reclamaciones del casi medio millón de operaciones que se han tramitado a través de este instrumento. De ese total, 62 han tenido que ver con un rechazo a conceder la financiación. Estas reclamaciones llegan después de que el afectado haya reclamado en primer lugar a su banco, pero según Hernández de Cos las quejas a las entidades también han sido mínimas en comparación con todas las operaciones que se han tramitado.

Por su parte, el presidente de la patronal bancaria, José María Roldán, ha apuntado en un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum que es necesario “observar cuáles son las necesidades de la economía” una vez que la línea de avales, dotada con 100.000 millones de euros, se asigne por completo a las empresas que tienen perspectivas de viabilidad.

Roldán ha explicado que en otros países se están poniendo en marcha otros instrumentos de apoyo en términos de capital, como acciones o deuda subordinada y que en España se deberá examinar la pertinencia de estas herramientas.

Estas peticiones vienen a colación del final de la línea de avales del Estado a créditos concedidos a empresas en problemas por la pandemia, que se producirá próximamente, habida cuenta de que los bancos ya están gestionando la financiación correspondiente a la última línea, que el Gobierno aprobó la semana pasada. La demanda de esta financiación continúa “a buen ritmo” y no se frena pese a haberse concedido ya unos 70.000 millones de euros.

Respecto a este tema, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) ha valorado que la financiación se ha puesto a disposición de las empresas “rápidamente” y que el mecanismo ha funcionado con mayor celeridad que en otros países. Según ha apuntado, unas 400.000 empresas se han beneficiado por el momento de estos préstamos, de las cuales el 98% son autónomos y pymes.

Régimen de insolvencia bancaria

En relación con la viabilidad de las entidades financieras, Roldán ha propuesto la creación de un régimen de insolvencia bancaria que se aplicara en casos concretos de bancos con problemas en lugar de someter a todo el sistema a la ingente regulación actual. En su opinión, sería preciso contar con un “régimen de insolvencia bancaria específico preparado para casos singulares”, más allá de los actuales colchones de capital y liquidez que los supervisores obligan a los bancos a tener.

Los colchones de capital están funcionando muy bien, pero quizá hay demasiados colchones"

José María Roldán

“Los colchones de capital están funcionando muy bien, pero quizá hay demasiados colchones. Los colchones de liquidez no se van a utilizar, probablemente”, ha explicado Roldán en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum de forma telemática, en el que ha añadido que es necesario valorar “si merece la pena una regulación tan exigente”.

“El efectivo es sucio”

Por otra parte, Roldán ha afirmado que los bancos serían “muy felices” en un mundo en el que solamente existiera el dinero digital, dado que el efectivo “es sucio y difícil de gestionar”, además de que requiere unos transportes “muy caros”. “Hace tiempo que el dinero no es objeto de intimidad financiera, el efectivo ya no es refugio de nada”, ha añadido.

No obstante, ha señalado que un hipotético abandono de esta modalidad de pagos debería realizarse de forma gradual, dado que la desaparición del efectivo podría dejar fuera a los colectivos vulnerables que no tienen acceso al dinero digital.