España se prepara para un aluvión de nuevas energías renovables en la próxima década. Pero la burbuja de solicitudes para nuevos proyectos verdes sobrepasa todas las previsiones y durante la crisis sanitaria y el estado de alarma la fiebre por las renovables no ha dejado de crecer. Las peticiones de autorización para engancharse a la red eléctrica desbordan por mucho los planes oficiales, llegando incluso a casa quintuplicar los objetivos marcados por el Gobierno de instalación de nuevas renovables hasta 2030.

Red Eléctrica de España (REE), encargada de gestionar las solicitudes para conectarse a la red de alta tensión, ha recibido ya peticiones de nuevas renovables que acumulan más de 260.000 megavatios (MW) de potencia conjunta al cierre de abril. Fuentes del sector apuntan a que actualmente esa cifra se habría disparado hasta los 295.000 MW y desde el Gobierno se subraya que, si se suman las peticiones que no se han podido completar por defectos de forma, se llega hasta los 430.000 MW.

Unas cifras realmente mareantes, dado que el plan del Gobierno para reducir las emisiones de efecto invernadero para la próxima década contempla la construcción de unos 56.000 MW de plantas verdes hasta 2030.

Una avalancha en la que una parte importante de solicitudes no tiene ningún proyecto energético real y sólo busca especular con la reventa de los permisos una vez obtenidos o incluso del ‘puesto’ en la cola de espera para conseguirlos. De hecho, del total de peticiones de acceso a la red más de un 60% no da el siguiente paso de solicitar también la conexión, que exige empezar a presentar documentación con las características concretas de la futura instalación.

Ribera lanzará este año el nuevo tipo de subastas para instalar renovables

Ante esta situación, el Gobierno se lanza a pinchar la burbuja y toma medidas con el objetivo de echar a los especuladores para facilitar la tramitación de las solicitudes que sí que tienen un proyecto de energía detrás. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para impulsar de “manera ordenada y rápida” la transición energética y para apoyar la reactivación económica en plena crisis por la epidemia de Covid-19 que incluye, entre toda una amplia batería de iniciativas, las medidas contra los movimientos especulativos.

Demostrar que hay proyecto y no sólo humo

El Ministerio comandado por Teresa Ribera impulsa una nueva regulación (a lo aprobado hoy debe acompañarle una nueva normativa tanto del Gobierno como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para ir echando a los especuladores del proceso de solicitud de manera progresiva.

El real decreto establece la obligación de los solicitantes, tanto las que ya han presentado su petición como los que lo hagan a partir de ahora, de ir cumpliendo cinco hitos intermedios administrativos con plazos concretos. Los inversores deben acreditar avances en el proceso administrativo (obtención de la declaración de impacto ambiental, la autorización de construcción…) en los tiempos fijados para demostrar que hay un proyecto real tras la petición.

Y, de lo contrario, el Gobierno ejecutará los avales económicos presentados y el solicitante perderá el permiso. La criba no va a ser del todo rápida, porque el último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito para dar seguridad jurídica a los titulares.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías. Además, el Gobierno establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos.

De esta manera, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa, que deberán aprobar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), en sus respectivas competencias, en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-ley.

El negocio de la reventa de permisos

Sólo en lo que va de año, en plena pandemia y con medio país paralizado durante semanas por el estado de alarma, en España se han presentado solicitudes para conectarse a la red eléctrica por 56.700 megavatios renovables adicionales, según los registros de Red Eléctrica con datos acumulados hasta finales de abril. Esto es, sólo las peticiones de autorización acumuladas entre enero y abril superan la previsión contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y  Clima (PNIEC), la hoja de ruta del Gobierno para la próxima década.

Las solicitudes que ya cuentan con el permiso para engancharse a la red más que duplican el objetivo del Ejecutivo de 56.000 MW en diez años y las peticiones que están en tramitación se acercan a la meta oficial. Red Eléctrica ha concedido el permiso de acceso preliminar a proyectos con 115.000 MW y aún tiene estudio el permiso de otros 42.900 MW más.

El gran problema -aunque desde REE se evita utilizar públicamente ese término para describir la situación del sector renovable- es que una parte sustancial de las solicitudes no cuentan con un proyecto real para construir una planta energética.  En este contexto, en el sector de las energías limpias ha venido proliferando la especulación.

Conseguir una conexión a la red eléctrica sufre una preocupante situación de cuello de botella y los permisos para hacerlo –pese a que Red Eléctrica los reparte gratuitamente- se han convertido ya en un activo con los que las empresas hacen negocio y por los que se pagan cantidades disparatadas en la reventa. De hecho, en los últimos años se han estado pidiendo eentre 100.000 y 200.000 euros por megavatio de potencia por la reventa de estos permisos, en función del grado del proceso de solicitud.

REE se lanzó el año pasado a pinchar la burbuja en el sector de las renovables y puso en marcha una criba masiva de proyectos verdes.  El grupo ha denegado ya la solicitud de acceso a la red de proyectos con una potencia total de 102.000 MW, casi un 40% de todas las peticiones recibidas. El proceso de depuración de los proyectos ha ido intensificando a lo largo del último año. Del total de 102.000 MW que ha tumbado REE, unos 24.500 MW han sido rechazados sólo desde principios de este año y casi 85.000 MW han sido bloqueados sólo desde el pasado julio.

Subastas renovables para bajar el precio del recibo

En paralelo, el Gobierno pondrá en marcha un nuevo modelo de subastas de nuevas instalaciones renovables, con el objetivo de que las primeras puja con la nueva fórmula se celebre este mismo año. El Ejecutivo busca reformar por completo la metodología de las pujas anteriores para utilizarlas no sólo para promover la implantación de nuevas renovables, sino también para hacer posible una rebaja del precio de la electricidad y, con ello, del recibo de la luz que pagan los consumidores.

Las empresas a partir de ahora competirán por los nuevos proyectos ofreciendo un precio fijo de la electricidad que se mantendría durante un periodo largo de tiempo (10, 15 o 20 años) y así se trasladará al consumidor.Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros.

También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria. Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

“El marco vigente de las subastas se desarrolló en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado. La situación actual es justamente la contraria y es necesario actualizar el modelo”, subrayan desde el Ministerio para la Transición Ecológica.

Simplificar trámites y nuevos actores

El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha. Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución.

En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética y que ofrecen, desde este momento, oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad. Es el caso de la figura del almacenamiento, que queda regulada mediante esta norma, lo que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; y de la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías –fotovoltaica y eólica, por ejemplo–, en una misma instalación.

Adicionalmente, y en cumplimiento de la normativa comunitaria, se incorpora la figura del agregador independiente, que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Este nuevo modelo de negocio se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado. De igual modo, y para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.

Por otro lado, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, que representan una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos como el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros, que se constituyen en un factor estratégico para el impulso económico, tanto corto como a medio plazo. Además, será posible establecer bancos de pruebas regulatorios (“sandboxes”) para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico.

Con el objetivo de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, el Real Decreto-ley otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica.

Fondo milmillonario que pagan las energéticas

Asimismo, la norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora del procedimiento de cálculo de las obligaciones. Este fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía. Las empresas del sector dan por hecho que tendrán que aportar durante esa década cerca de 2.000 millones de euros para alimentar el fondo.

De manera excepcional, y en plena crisis del Covid-19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medias empresas retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, para facilitar la recuperación de su liquidez.