La recuperación del empleo es uno de los grandes retos que va a dejar la crisis del coronavirus. Las estimaciones del Gobierno pasan por alcanzar una tasa de desempleo del 19% mientras que otras previsiones más pesimistas esperan que el paro supere el 20% este año. De momento, hay 3,8 millones de parados en España y 2,2 millones de personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Los ERTE se han convertido en un mecanismo para proteger del desempleo a millones de personas y también han ahorrado varios miles de millones de euros a las empresas al quedar exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social. Así lo consideran empresas, sindicatos y Gobierno, por eso en el marco del diálogo social siguen trabajando para alcanzar un acuerdo que los prorrogue, como mínimo hasta septiembre. Sin embargo, tras los ERTE la situación puede ser mucho peor.

Según un informe realizado por el Consejo General de Economistas sobre el impacto del coronavirus en la empresa, más de la mitad de las empresas españolas que se han acogido a un ERTE tendrán que hacer despidos en 2021, en concreto el 58%. El informe ha utilizado las respuestas de 1.225 empresas, de las cuales, el 36,5% ha aplicado un expediente de regulación temporal de empleo.

Del total de empresas encuestadas, el 88,3% considera que sus ventas se han reducido como consecuencia de la crisis, en un 43,4% de media. Entre las empresas que se han acogido a un ERTE, las previsiones son peores para el primer y el segundo semestre de este año, estiman reducción de facturación del 78,6 y del 44,4%. “Las empresas que se han acogido a un ERTE son las que presentan un mayor impacto negativo en el empleo y en sus expectativas para el 2021”, indica el informe.

El informe también destaca que las empresas que se han acogido a un expediente son las que han visto más afectadas sus actividades estratégicas. "Asimismo, las empresas acogidas a un ERTE eran las empresas que menos implantado tenían un plan de gestión de riesgos", añade el documento.

Del ERTE al ERE

Si esta crisis llevase a las empresas a una situación límite y entrasen en riesgo de concurso de acreedores, estas podrían realizar despidos. Así lo contempla el acuerdo que firmaron Gobierno, sindicatos y patronal para alargar los ERTE por fuerza mayor hasta finales de este mes.

La diferencia entre el ERTE y el ERE es que en el caso del segundo “es una acción extintiva, lo que supone el fin de la relación laboral”, señala Luis Jiménez-Arellano, responsable del área de Derecho Laboral del bufete Mas y Calvet. Sin embargo, en el caso de los ERTE, tal como indica su nombre, es una medida de carácter temporal.

Para tramitar un ERE, “es necesario desarrollar un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los que debe quedar acreditada la voluntad de la empresa de negociar de buena fe”, añade el abogado.

Además, el ERE debe ser “validado por la autoridad laboral y la Inspección de Trabajo”. De hecho, el expediente debería llegar a manos de la Inspección “con un acuerdo cerrado con los trabajadores para que el expediente tenga mayores posibilidades de éxito”.

La transformación de los ERTE en ERE es algo que preocupa al sector empresarial. Además, fuentes sindicales alertan ya de que tras el aluvión de prestaciones concedidas por expedientes temporales en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puede llegar más carga de trabajo a causa de despidos colectivos por los ERE.

Con todo, este miércoles está previsto que los agentes sociales lleguen a un acuerdo junto al Gobierno para que los expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, objetivas o de la producción cuenten con exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social. El acuerdo sería el marco normativo hasta el 30 de septiembre y permitiría aliviar la situación de algunas empresas, aunque algunas creían necesaria su prórroga hasta finales de año.