El pasado 14 de diciembre fue histórico. Ese día fue el primero en que España –en realidad la Península, en este caso Baleares va casi por libre- produjo toda su electricidad sin utilizar nada de carbón por primera vez desde que en 1949 se inaugurara la primera central térmica del país. Siete décadas para el primer ‘cero’ de las plantas de carbón.

Desde entonces se ha repetido al menos otra media docena de veces (tanto el año pasado: 15, 21, 22, 24 y 25 de diciembre; como también en éste: con 27 horas consecutivas sin carbón entre el 1 y el 2 de mayo). No fue una anécdota. Fue un síntoma. La señal definitiva del auténtico principio del fin del carbón para el sistema eléctrico español y que en los próximos días vivirá un nuevo hito. El Gobierno prepara la autorización inminente para echar el cierre a siete de las trece plantas térmicas que siguen operativas en todo el país (una octava ya cuenta con el permiso oficial para la clausura).

La autorización se da por hecho. La autorización es un hecho. Porque todas las centrales de carbón que esperan sólo que su cierre se formalice con su publicación en el BOE no ejecutaron las inversiones millonarias imprescindibles para cumplir las exigencias medioambientales de la Unión Europea. Así que incluso si el permiso ministerial se retrasara, las plantas tendrán que parar el 30 de junio. Ésa es la fecha tope marcada por Bruselas para dejar de funcionar las plantas que no ejecutaron las inversiones de desnitrificación y desulfurización para acatar los requisitos de reducción de emisiones.

Las autorizaciones del Ministerio para la Transición Ecológica –que el propio departamento de Terera Ribera confirma como inminentes- formalizarán el apagón permanente para las centrales de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) de Iberdrola; para las de Meirama (A Coruña), La Robla (León) y Narcea (Asturias); para de Puente Nuevo (Córdoba), de Viesgo; y también para la central de Andorra (Teruel), de Endesa. Hace unos meses la propia Endesa ya obtuvo el permiso para clausurar también la planta de Compostilla II, uno de los centros industriales históricos del Bierzo.

Tras los cierres de este año y el próximo, sólo quedarán tres centrales de carbón en España

Pero es que incluso si las autorizaciones ministeriales no llegan esta semana todas las centrales se desenchufarán de manera permanente el 30 de junio de manera forzosa (todas menos la planta de Lada, que no supera los límites de emisiones). Si una central no ha realizado las inversiones necesarias para cumplir las exigencias medioambientales de Bruselas, a partir de ese día ya no podrá operar porque incumpliría con la directiva de UE o se expone a multas millonarias y totalmente inasumibles por las compañías. Con cierre administrativo o no, todas las plantas deberán declararse indisponibles para producir electricidad aunque sigan dadas de alta formalmente en el registro oficial.

Entre las ocho centrales que van a desenchufarse para siempre suman una potencia conjunta de cerca de 5.460 megavatios (MW). Su cierre supondrá acabar con casi el 60% de toda la capacidad de generación eléctrica con carbón que actualmente tiene España (con un total ahora mismo de 9.500 MW). Se trata pues de la puntilla definitiva para un declive que no tiene marcha atrás y que continuará el año que viene.

Y es que tras los cierres de este mes, llegarán otros. Las grandes eléctricas ya han confirmado sus planes de adelantar las clausuras de otras centrales en las que sí realizaron inversiones millonarias para ajustarse a los requisitos ambientales de la UE (a razón de unos 100 millones de euros por instalación), pero que la situación de mercado ha hecho que sea imposible su rentabilidad. Endesa pretende echar el cierre a las plantas de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), y Viesgo acaba de anunciar la clausura de Los Barrios (Cádiz).

El derrumbe de la generación eléctrica con carbón ya es un hecho. La producción de las centrales térmicas se hundió el año pasado un 68% y en lo que va de año –entre enero y mayo- las térmicas sólo han concentrado un 2,6% de la producción total.

Un desplome fruto de la clausura anticipada ya de algunas plantas y, sobre todo, por el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, que hace que las compañías sustituyan el uso de las plantas de carbón por las de gas natural. El declive del carbón ha hecho que el sistema eléctrico español haya hecho de 2019 el año menos contaminante en varias décadas, tras un descenso histórico de las emisiones de CO2 del 23%.

Las últimas centrales que quedarán

Tras los cierres de la próxima semana y los que se esperan para el año que viene, seguirán en marcha sólo dos centrales en la Península (las asturianas de Aboño y Soto de Ribera, de EDP) y otra en Mallorca (la de Es Murterar, de Endesa).  EDP ha invertido casi 100 millones de euros en sus dos plantas asturianas y “ha preparado ambas plantas para que continúen en funcionamiento mientras su competitividad en el mercado lo justifique”, dice la eléctrica.

El caso de la central de Aboño es particular, ya que además de quemar carbón para generar electricidad, también utiliza los gases siderúrgicos de la planta aledaña de ArcelorMittal y evita así que simplemente sean qeumados en una antorcha y emitidos directamente a la atmósfera. “Es un claro ejemplo de economía circular”, apunta EDP, “un factor diferenciador que evita la emisión de 1 millón de toneladas de CO2 cada año”.

En  paralelo, la planta mallorquina de Endesa ya ha cerrado dos de sus grupos y mantiene operativos otros dos por seguridad de suministro en las islas y con limitaciones de utilización. Hasta agosto de 2021 ambos grupos podrán funcionar un máximo de 1.500 horas anuales y a partir de entonces se reducirá a 500 horas al año como tope. La central seguirá abierta al ralentí hasta que esté conectado el segundo cable de conexión entre la Península y Mallorca que, en principio, debería estar operativo antes de 2026.

La transición justa

La cascada de cierres de centrales de carbón y la histórica crisis económica que viene van a poner a prueba los planes de transición justa comprometidos por el Gobierno y pactados con las eléctricas y con los sindicatos con la premisa, casi mantra, de no dejar a nadie atrás en este cambio de modelo energético. Algunas de las comarcas afectadas por las clausuras tienen en las plantas su único motor económico y toca reinventarse por completo.

La dependencia en las comarcas de las centrales y la crisis pondrán a prueba los planes de transición justa de Gobierno y eléctricas

En pleno confinamiento, a mediados de abril, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajol, Yolanda Díaz, firmaban de manera telemática un acuerdo tripartido con las empresas propietarias de centrales de carbón (Endesa, Iberdrola y Naturgy) y con los sindicatos CCOO y UGT para consolidar las bases de los convenios de transición justa para los territorios más afectados por los cierres de las plantas.

Todas las partes se comprometen a buscar de manera activa nuevos inversores con proyectos concretos que puedan ubicarse en las zonas afectadas y también trabajar por sustituir las centrales de carbón por nuevas instalaciones de energías renovables (el Gobierno facilitando los accesos a la red eléctrica que dejan las centrales mediante nuevas concesiones y promoviendo subastas específicas de nuevas renovables para estas áreas; las eléctricas con sus planes de acompañamientos para cada zona y con sus propios proyectos de energías renovables en las ubicaciones).

Las grandes eléctricas ya han anunciado proyectos millonarios de renovables para sustituir las centrales de carbón que van a apagar. Iberdrola acaba de desvelar un plan para Velilla (Palencia) para construir el mayor complejo fotovoltaico de Castilla y León, con 400 MW de potencia y una inversión de 300 millones de euros, así como inversiones en redes inteligentes, una planta de valorización de residuos o programas de formación.

Endesa, por su parte, ha prometido desarrollar un megaproyecto de renovables de 1.725 MW y 1.487 millones de euros de inversión, con el que sustituir el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel). El plan incluye la que sería la mayor planta solar en construcción de Europa con 1.585 MW, más 139 MW eólicos y un sistema de almacenamiento a gran escala de casi 160 MW. La eléctrica también plantea una inversión de 341 millones de euros en proyectos renovables en la zona de Compostilla y además estudia una treintena de propuestas industriales presentadas para sustituir la central.

Cuando Naturgy anunció su renuncia al carbón ya comprometió instalar en la zona de la central de Meirama  un parque eólico y un centro avanzado de gas renovable o biogás, con una inversión de 80 millones, y también a buscar alternativas industriales para las comarcas de las centrales de Narcea y La Robla.