El Gobierno ha lanzado nuevas medidas para apoyar compañías en problemas. Además de ampliar las líneas de avales del ICO y de Cesce, el Ejecutivo ha creado un fondo de rescate de 10.000 millones de euros para garantizar la solvencia de empresas estratégicas en dificultades incluso entrando en el capital de las compañías que lo pidan mediante compra de acciones o de deuda convertible.

Según se recoge en el real decreto que regula la creación del fondo, que se publica este lunes en el BOE, el nuevo instrumento de solvencia estará controlado por la SEPI –el holding público de participaciones industriales dependiente de Hacienda- a través de un Consejo Gestor que deberá resolver las solicitudes de las compañías en un plazo máximo de seis meses.

En el caso de el Estado entre en el capital de alguna compañía estratégica, el Gobierno plantea abiertamente se siente en el consejo de administración del grupo con el número de consejeros que le corresponda proporcionalmente por su participación. Y además la entrada en los consejos se realizará sin necesidad de ningún acuerdo previo de la SEPI, tan sólo notificándoselo al Registro Mercantil.

En paralelo, Hacienda plantea abiertamente la posibilidad de tomar participaciones que superen el 30% del capital de las compañías rescatadas, una cota que la legislación considera que implica la toma de control de la sociedad y que obliga a lanzar una opa por la totalidad de las acciones para compensar al resto de socios. El real decreto sirve para que Hacienda se autolibere de esta obligación y que pueda tomar participaciones superiores a ese límite sin necesidad de lanzar una opa.

SEPI actuará en las compañías en representación de la Administración Geneal del Estado y el Tesoro Público recibirá el importe de los dividendos, intereses, plusvalías u otras remuneraciones (como el sueldo de los consejeros) , así como las cantidades que se obtengan cuando se vendan las participaciones. No obstante, no se considerarán parte de Patrimonio del Estado las participaciones o demás instrumentos comprados por el fondo.

Los planes del Gobierno es que las ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas abran la posibilidad de entrar en el accionariado de las compañías de manera transitoria y durante un tiempo determinado (para ajustarse a la normativa de ayudas de estado de la UE) mediante la compra de acciones o de deuda u otros instrumentos financieros que sean convertibles en capital.

La entrada en el accionariado es sólo una de las posibilidades y el fondo contemplará previsiblemente otro tipo de instrumentos como préstamos participativos, cuyo tipo de interés es variable y se puede fijar en función de la evolución del negocio pero no implica la toma de paquetes accionariales.

Desde el Ejecutivo se trata de alejar esta iniciativa de apoyo a las compañías del debate abierto por Unidas Podemos (lo ha hecho también estando ya en el gobierno de coalición), sobre la posibilidad de lanzar la nacionalización de empresas de sectores estratégicos. Y es que, según subrayan fuentes gubernamentales, la inyección del fondo de rescate y la entrada en el capital del Estado sólo se producirá si la empresa es viable, si la propia compañía lo solicita explícitamente y como una opción de último recurso. Esto es, no es un mecanismo ideado para solucionar situaciones como las de Nissan y Alcoa y evitar con ello los cierres de plantas anunciados.

El fondo de rescate se reservará a compañías de sectores que se consideren estratégicas. El real decreto apunta que se establecerá si la compañía es estratégica en función de “su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados”. Conceptos difusos que previsiblemente se concretarán en próximos desarrollos normativos.