La OCDE considera que las bajas laborales pagadas deberían mantenerse para reducir el número de contagios por coronavirus. “Continuarán desarrollando un importante papel en la contención de la expansión del virus y protegiendo las rentas, los trabajos y la salud de los trabajadores y sus familias después de confinamiento”, indica la organización en su informe Perspectivas del empleo 2020.
Además, subraya que su coste es “pequeño” en comparación con dejar que el virus se extienda. “El coste para la sociedad de las bajas laborales para estos trabajadores, para asegurar que no están penalizados financieramente por el aislamiento, es pequeño en comparación con el hecho de que no se aíslen y el virus se extienda más”, destaca el informe. Por otra parte, la OCDE señala que se debería apoyar el coste de estas bajas para las empresas, allí donde “partes de la economía siguen confinadas”.
Según el informe, garantizar las bajas pagadas tiene tres beneficios principales. En primer lugar, los trabajadores están más dispuestos a aislarse si se les garantiza que no van a perder parte de su sueldo; en segundo lugar, ayuda a contener y mitigar la propagación del virus y por último, reduce el impacto económico. Esto es así porque se “reduce la presión sobre el sistema de prestaciones por desempleo” ya que las personas de baja laboral mantienen sus puestos de trabajo.
La OCDE calcula que el 81% de los países que forman parte de la organización han ampliado la cobertura de las incapacidades laborales por el coronavirus.
Bajas en España
Hasta el 15 de junio -últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-, 750.000 trabajadores españoles estuvieron en incapacidad temporal por coronavirus. El máximo se produjo en la primera semana de abril cuando llegó a haber más de 246.000 personas en esta situación. A mediados de junio, el número de trabajadores de baja por contagio o aislamiento había descendido hasta los 74.000.
La OCDE calcula que el 81% de los países que forman parte de la organización han ampliado la cobertura de las incapacidades laborales
Cabe recordar que al inicio de la pandemia, el Gobierno aprobó que las bajas por contagio y por aislamiento se reconocieran como incapacidad temporal asimilada a una baja por accidente laboral. De esta forma, los afectados reciben desde el primer día de baja el 75% de la base reguladora.
Esta medida tiene un impacto en las arcas públicas de 1.354,9 millones de euros, según los datos que el Ministerio de Hacienda incluyó en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas a finales de abril.
Incentivos para volver al empleo
Con todo, la OCDE cree que igual que se deben incentivar las bajas laborales también deben existir estímulos para la vuelta al trabajo. “Los gobiernos deberían prevenir que los sistemas de bajas laborales pagadas se conviertan en caminos hacia las prestaciones por discapacidad para los parados de larga duración”, señala el informe.
“Conectar a estos trabajadores rápidamente con la rehabilitación ocupacional o con los servicios de empleo, según sea oportuno, será crucial para prevenir una salida larga del mercado laboral para aquellos que no pueden encontrar nuevos empleos”, añade la organización.
Riesgo de contagio
La OCDE insiste en todo el documento en la importancia de la vuelta al trabajo de forma segura. En esta línea, pone de manifiesto que España es el país con más trabajadores expuestos al contagio en su empleo. El informe calcula que el 56% de los empleados españoles está en riesgo, debido a la interacción social en el mercado laboral.
«La proporción de trabajadores empleados en trabajos en riesgo varía del 39% en Luxemburgo al 56% en España, lo que refleja las diferencias entre los países en cuanto a la composición ocupacional», destaca el informe.
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