El negocio de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) se ha embarcado en España durante años en una continua expansión en España. Los tribunales siguen reconociendo nuevas licencias para coches que dan servicio a plataformas como Uber o Cabify por haberse solicitado antes de 2015, cuando una nueva legislación cerró el grifo.

Actualmente en España hay 16.298 permisos activos y vinculados a un vehículo para poder estar operativa, según los últimos datos del Ministerio de Transportes correspondientes al cierre del mes de junio. Eso implica que en lo que va de año se han perdido 252 licencias operativas.

Es sólo un descenso del 1,5% frente al número de permisos activos, pero representa un auténtico cambio de tendencia después de que en los dos últimos años el parque de coches operativos VTC se hayan más que duplicado, tras sumar 3.400 licencias activas el año pasado y más de 6.200 en 2018.

Según datos del sector, en realidad existen en España alrededor de 19.000 licencias VTC, pero son esas casi 16.300 las que están efectivamente activas, al estar adscritas a un vehículo concreto, correctamente visada (el visado se renueva cada dos años), estar a corriente de pago del seguro y no tener sanciones ni de Hacienda ni de la Seguridad Social.

Tras años en que los permisos operativos se han disparado mientras el sector crecía con fuerza al calor de plataformas como Uber o Cabify, este año la evolución ha frenado en seco en plena crisis del Covid-19. Fuentes del sector de las VTC apuntan a que la caída de las licencias se debe de manera combinada tanto al cese de actividad de algunos conductores o empresas por el desplome de la demanda de transporte por la pandemia como al parón de la Administración que ha hecho que algunos trámites no se hayan podido completar.

Los titulares de licencias VTC tienen la posibilidad de congelar las licencias por un periodo máximo de un año sin perderlas, sólo suspendiéndolas temporalmente. Durante el estado de alarma el negocio de transporte de pasajeros se ha llegado a hundir un 90%, según la patronal Unauto VTC. Algunos conductores han optado por cesar su actividad temporalmente para ahorrarse de los costes ligados al mantenimiento de vehículos (no siempre en propiedad, a veces en leasing o renting) y al pago de tasas e impuestos. Parte de ellos esperarán hasta después del verano a recuperar la actividad ante la actual situación de crisis, según fuentes del sector.

Desde que el Gobierno cedió hace casi dos años a comunidades autónomas y ayuntamientos las competencias para gestionar el sector de las VTC, el sector se topa con algunas regiones y ciudades que imponen nuevas restricciones y con otras que están facilitando su crecimiento sin barreras. Entre las primeras, las normativas restrictivas Cataluña, Barcelona o Valencia; entre las segundas, las facilidades que encuentran en Madrid o en Andalucía.

Incluso en pleno parón económico de meses, Madrid sigue sumando nuevas coches VTC operativos, frente a las caídas de otras regiones. No obstante, la comunidad suma 36 licencias, a años luz de los 1.753 permisos activos adicionales del año pasado. Madrid se confirma como el gran mercado nacional para Uber y Cabify, y concentra más de la mitad de todos los permisos VTC del país, con un total de 8.338 licencias.

Frente a las nuevas normas restrictivas de otras regionales, los gigantes VTC han encontrado en la Comunidad de Madrid un oasis regulatorio. La Administración regional se ha negado a imponer periodos de contratación previa a las VTC como en otras comunidades e incluso ha optado por liberalizar el taxi, con medidas como permitir compartir coche y pactar un precio cerrado antes del viaje.

Andalucía, que trabaja en una nueva regulación que también pretende dar facilidades a compañías como Uber y Cabify, ha sumado en lo que va de año 120 nuevas licencias de VTC (más de 700 el año pasado), hasta alcanzar las 2.721 en toda la comunidad a final de junio. Con ello, Andalucía se confirma así como segunda mayor región por número de licencias, tras superar el año pasado a Cataluña, gracias al tirón de Málaga (con 1.732 permisos, tras sumar 82 en seis meses).

La Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona capitanean la puesta en marcha de regulaciones restrictivas al negocio de las VTC. El Govern regional impuso la contratación de los viajes con coches VTC con una antelación de 15 minutos y el Área Metropolitana de Barcelona aprobó un reglamento que eleva esa precontratación hasta 1 hora antes de iniciar el trayecto por el cliente, tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Ante la nueva normativa restrictiva, el gigante Uber suspendió a principios del año pasado sus operaciones en Barcelona y Cabify las mantiene mediante una treta legal (sólo exige la contratación con antelación en el primer viaje de cada usuario, con el que suscribe un contrato de un año para no hacerla necesaria el resto de trayectos).

En lo que va de año, en Cataluña el parque de licencias de coches con conductor ha alcanzado las 2.451, tras perder 40 permisos hasta junio (el año pasado sumó 300). Fuentes de las empresas propietarias de licencias VTC admiten que se está produciendo ya desde el año pasado un trasvase de coches operativos desde Cataluña a otras regiones.

Empresas desvinculan de las licencias catalanas a  vehículos que operaban en Barcelona y se les adscribe a permisos de otras regiones, singularmente Madrid y Andalucía.  Algunos de estos cambios y adscripciones de vehículos a otras licencias se están ejecutando con retraso por el parón de la Administración, según apuntan compañías que están sufriendo la dilatación de los plazos.