Abengoa ha reconocido avances "favorables" en las negociaciones con sus acreedores para un acuerdo para su nuevo plan de rescate que permita a la compañía esquivar la amenaza de la quiebra, aunque, ante el hecho de no haber cerrado la operación, se ha marcado un nuevo plazo hasta el próximo 27 de julio para adoptar una "decisión definitiva".
En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía indicó que el consejo de administración ha sido informado de los avances de las negociaciones en los diferentes
pilares de la operación, que pasan, entre otros aspectos, por nueva financiación por un total de 250 millones de instituciones financieras, respaldadas por una garantía del ICO, así como de 300 millones de euros en líneas de avales 'revolving' adicionales rotativas de los bancos, cubiertas por la garantía Cesce, "que siguen desarrollándose de forma favorable habiéndose dado apoyos relevantes pendientes de materializarse con la documentación definitiva".
Así, y tras haber recabado los oportunos asesoramientos internos y externos, el órgano rector del grupo de ingeniería y energías renovables estima que, en las actuales circunstancias, "se deben agotar todas las alternativas dirigidas a la continuidad del negocio del grupo", emplazando a tomar la decisión definitiva el próximo 27 de julio.
Esta es la segunda vez que la empresa postpone su decisión respecto al futuro de la compañía, después de que el pasado 30 de junio ya la aplazara hasta este martes al no conseguir cerrar un acuerdo que lleva negociando contrarreloj desde los últimos meses tras verse fuertemente impactada por la crisis del Covid-19.
Además, la compañía recalca que la ausencia de liquidez y avales
están afectando "de manera severa" al negocio, haciendo "muy difícil su viabilidad si no se cierra la operación en el corto plazo.
Junto a esa financiación para mantener la viabilidad de la compañía, el acuerdo también necesita del visto bueno sobre la deuda vencida de los proveedores y otros acreedores antiguos/heredados con una quita, adaptando soluciones a la situación de los diferentes proveedores vencidos y otros acreedores, así como con los acreedores financieros para modificar los términos y condiciones de los diferentes tramos de deuda, incluyendo el Bono Convertible A3T, lo que podría implicar quitas y capitalizaciones inminentes o futuras de ciertas deudas.
Los títulos de la compañía habían sido suspendidos de negociación por la CNMV cuando estaban disparados ante los rumores del cierre del acuerdo. Así, las acciones de clase B, que representan la mayor parte de su capitalización, remontaban un 63,16%, hasta los 0,0062 euros, mientras que las de clase A subían un 56,31%, hasta situarse en los 0,0161 euros.
Problemas de liquidez
El pasado mes de junio, la empresa presidida por Gonzalo Urquijo ya comunicó a sus empleados que no podría hacer frente a las nóminas correspondientes de ese mes en su totalidad, ante la falta de liquidez en que se encontraba.
Abengoa contaba, a cierre de 2019, con una plantilla que supera los 14.000 empleados en el mundo, de los cuales el 18% se encuentran en España (unos 2.578 trabajadores).
En los estados financieros resumidos presentados en mayo del ejercicio 2019, ya que las cuentas definitivas están pendientes de ser aprobadas, Abengoa anunció unas pérdidas netas de 517 millones de euros en ese año, frente a los 'números rojos' de 1.498 millones de euros en el ejercicio anterior.
Causa de disolución
El grupo indicó que, a cierre del ejercicio 2019, el patrimonio neto de la sociedad individual Abengoa arrojaba un importe negativo de 388 millones de euros, lo que lo colocaba en situación de causa de disolución.
La compañía de ingeniería y renovables, que esquivó ya en 2016 el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, después de verse acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros, lanzó este nuevo plan de 'rescate' financiero en mayo, el tercero en los últimos años, tras los de 2017 y 2019.
El endeudamiento financiero bruto del grupo a cierre de 2019 se incrementó en un 5% en comparación con el año anterior, ascendiendo 5.948 millones de euros. Esta cifra incluye 1.165 millones de euros que corresponden a deuda de sociedades clasificadas como mantenidas para la venta, y 558 de financiación de proyectos.
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