Los máximos dirigentes de los Estados miembros de la Unión Europea se reúnen desde mañana en una cumbre muy esperada con la misión de llegar a un acuerdo sobre el fondo de reconstrucción europeo. Se avecina una negociación complicada para la que Pedro Sánchez ha ido sentando las bases en las últimas semanas con visitas a los líderes de Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos y Suecia, pero que muy difícilmente se podrá resolver en dos días. La principal dificultad es que las posturas entre los países del Norte y el resto siguen estando muy alejadas, algo que ha quedado patente tras la derrota por la mínima de Nadia Calviño en la carrera por la presidencia del Eurogrupo.

Los Veintisiete partirán de la propuesta que la Comisión Europea presentó hace semanas para el fondo de reconstrucción, que contempla poner a disposición de los países más afectados económicamente por la pandemia 750.000 millones de euros a través de subvenciones (la mayoría) y de préstamos a cambio de una serie de condiciones que los receptores deberán cumplir. El propio Consejo Europeo matizó la pasada semana que, de entrada, los programas nacionales de reformas tendrán que recibir luz verde de una mayoría cualificada de los socios europeos antes de recibir los fondos.

Después, las ayudas se irán desembolsando en varios tramos a medida que se vayan completando una serie de criterios preestablecidos, con lo que ya desde el inicio de la negociación se endurecen las condiciones para países como España, que cuenta con estas ayudas para diseñar sus Presupuestos. Con todo, quedan por delante al menos dos sesiones para debatir el tamaño final del paquete, cómo será la distribución de los fondos y la proporción que existirá entre subvenciones y préstamos, así como la condicionalidad, el fantasma que, con todas sus diferencias, trae a España recuerdos de la crisis de 2008.

¿Qué espera España del Consejo?

El objetivo de España es conseguir el mayor importe de fondos posible, que la mayoría se canalice a través de transferencias sin retorno y que el acuerdo se alcance cuanto antes. Busca estos objetivos apelando a la solidaridad de la Unión, que espera que se haga más patente que nunca en esta salida de la crisis.

España no está sola en esta misión, pues rema en el mismo barco que Portugal, Italia y otros países del bloque del Sur, pero no le será, ni de lejos, sencillo obtener el apoyo del resto, especialmente el de los Estados más críticos, como Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, los conocidos como frugales, con quienes escenificó una ruptura la pasada semana en el momento de la elección de Paschal Donohoe, el candidato irlandés, como nuevo presidente del Eurogrupo.

Quedó claro que el sentimiento mayoritario, medido en número de países y no en su peso sobre la población total, no está del lado de España, pese a que cuenta con el apoyo de Alemania y Francia, que buscan obtener un consenso que dé prueba de la solidaridad comunitaria.

La condicionalidad, el mantra de los frugales

El hecho de que los fondos lleven aparejada una condicionalidad es innegociable, como ya tienen aceptado en el Gobierno de España, pero la clave será cómo se concrete la misma. Como explicaba hace unos días Jorge Sicilia, economista jefe de BBVA, se tratará “más de un compromiso que de condicionalidad”.

“Tenemos que mirar lo que podemos hacer nosotros para reducir esas vulnerabilidades (...) Básicamente España tiene un problema de productividad y hay medidas identificadas: medidas que faciliten la creación de empleo, mejorando formación y educación, políticas activas de empleo, atraer inversión y garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar en este contexto de aumento del marco fiscal... Creo que así tenemos que verlo a nivel económico. Qué podemos y qué vamos a hacer para que el impacto de estas ayudas se maximice”, añadía.

España deberá esforzarse para recibir los 140.446 millones de euros que le tocan según el diseño inicial del plan

Lo que quieren los frugales es que, en todo caso, las ayudas fluyan hacia los países con la condición de que realicen inversiones públicas destinadas al crecimiento económico y acometan reformas estructurales, pero no está claro si estas iniciativas serán suficientes para convencerles. Desde el Gobierno, Nadia Calviño ha repetido en varias ocasiones que las reformas que quiere Bruselas ya se están llevando a cabo, pero los frugales querrán pruebas.

En todo caso, se sobreentiende que España tendrá que hacer un esfuerzo si quiere ser receptor de los 140.446 millones de euros que le tocan según el diseño inicial del plan (77.324 millones en forma de transferencias a fondo perdido y 63.122 millones en préstamos), de los que más de 66.000 millones podrían llegar ya el año que viene.

¿Habrá acuerdo en julio?

Aunque algunas voces son optimistas sobre que los Veintisiete podrían alcanzar un acuerdo este sábado tras la cumbre programada de 48 horas, lo cierto es que el consenso de analistas cree que será necesaria, al menos, otra convocatoria para finales de julio o, incluso, principios de agosto.

España, como uno de los países más afectados y mayor receptor potencial de los fondos, ha insistido mucho durante las últimas semanas en que el acuerdo debe llegar cuanto antes, pero el abismo que aún separa a determinados Estados no hace más que obstaculizar ese propósito. Los líderes de la Unión tienen ya programadas nuevas reuniones en octubre y diciembre, pero lo lógico es que, si no se alcanza un acuerdo este fin de semana, se intente llegar a él antes de agosto. Lo único que está claro es que hará falta mucha diplomacia.