La 'oferta de paz' del Gobierno no logra que ningún inversor retire las demandas por el hachazo a las renovables

El Gobierno aprobó el pasado noviembre la nueva retribución de las renovables para los próximos años, que conllevaba con carácter general una ligera rebaja de la tasa de rentabilidad razonable garantizada a las plantas de energías limpias (del 7,39% actual al 7,09%) durante seis años y el mantenimiento de la rentabilidad actual durante una docena de años a las instalaciones que ya sufrieron los recortes de 2013.

Pero aquel real decreto se quiso utilizar también por el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, para poner fin de manera generalizada a los pleitos milmillonarios que decenas de inversores han presentado en instancias internacionales contra España por los recortes a la retribución de las renovables aplicados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, especialmente, por el de Mariano Rajoy.

Y es que los inversores con plantas anteriores a 2013 y que quieran mantener la retribución hasta 2031 han de renunciar a presentar demandas judiciales o arbitrajes internacionales para reclamar indemnizaciones por los recortes o, en caso de ya tener un litigio abierto, han de ponerle fin. Era una oferta de paz para cerrar las decenas de demandas que siguen abiertas en cortes internacionales.

Ocho meses después de esa oferta del Gobierno ningún inversor la ha aceptado y ninguno de los demandantes ha optado por renunciar a los pleitos para asegurarse una retribución mayor hasta finales de 2031, según confirma la Abogacía del Estado a El Independiente tras una consulta a través del Portal de Transparencia. En ocho meses no ha habido ningún desistimiento de procedimiento arbitral.

la Abogacía del Estado no tiene conocimiento de ningún desistimiento de procedimiento arbitral, en cualquiera de sus fases, que se hubiera debidamente formalizado ante el correspondiente Tribunal arbitral, órgano jurisdiccional o Comité de anulación, desde la aprobación del Real Decreto Ley 17/2019.

Los demandantes originalmente tenían que comunicar su desistimiento de los arbitrajes antes del 30 de septiembre, pero la suspensión de los plazos administrativos provocado por el estado de alarma ha hecho que los inversores puedan renunciar a seguir con los pleitos hasta principios del próximo diciembre.

En la práctica, el Gobierno ofrecía un pacto al sector para poner fin a las decenas de litigios que en conjunto han llegado a superar los 9.700 millones de euros en indemnizaciones reclamadas. Las instalaciones previas a 2013 pueden elegir ahora entre dos opciones: garantizarse la rentabilidad del 7,4% hasta 2031 renunciando a pleitear o quedarse con la nueva retribución del 7,1% sólo hasta 2025 y mantener la opción de reclamar compensaciones.

Condenas por 861 millones

España ha llegado a ser el país con más litigios en tribunales internacionales del planeta. Aparte de un puñado de litigios por otras cuestiones, el país ha tenido un total de 48 procedimientos arbitrales en diferentes instancias (el Ciadi del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estocolmo, Uncitral de la ONU…) por el recorte de la retribución de las energías renovables ejecutado por el Gobierno español con Zapatero y, sobre todo, Rajoy.

De todos los procesos iniciados, 20 litigios se han cerrado ya. Cuatro los ha ganado el Estado español (contra Charanne, Isolux, Stadwerke Munchen e Hydro Energy), uno se cerró por desistimiento del demandante (Solarpark),uno se perdió pero la sentencia fue anulada por la recusación de uno de los árbitros (Eiser), tres están pendientes de fijación de la indemnización (en unos casos con España como ganador moral al imponer la mayoría de sus argumentos y, en otro, no), y en otros on España ha sido condenada, pero en la mayoría la cuantía de la indemnización fijada por los árbitros es muy inferior a la reclamada por los demandantes.

España acumula conjuntamente por una docena de litigios perdidos indemnizaciones por 861,1 millones de euros y está a la espera de que se fije la compensación en otros tres casos más, según los registros del Ministerio de Justicia y del Ministerio para la Transición Ecológica a los que ha tenido acceso El Independiente también gracias a reclamarlos a través del Portal de la Transparencia.

España ha conseguido en los últimos meses ganar varios de los pleitos o reducir la cuantía reclamada al mínimo gracias a imponer en la corte arbitral la mayoría de sus alegaciones. Las indemnizaciones impuestas rozan los 1.000 millones, pero en los arbitrajes ya resueltos las cantidades reclamadas por los inversores alcanzaban los 5.384 millones. Por ejemplo, The PV Investors –que agrupa a 88 demandantes de Alemania, Holanda, Luxemburgo y también España- exigía una compensación en Uncitral de 1.900 millones de euros, pero la indemnización fijada ha sido sólo de 91 millones.

En paralelo, España ha conseguido anular el arbitraje perdido con Eiser, que le obligaba a una indemnización de 128 millones. Pero tras la recusación de uno de los árbitros promovida por el Gobierno español, el caso ha quedado anulado por la connivencia del miembro de la corte arbitral.

En paralelo, España aún se enfrenta a otros 28 arbitrajes aún pendientes de resolución y que conjuntamente acumulan indemnizaciones reclamadas por los inversores por algo más de 4.317 millones de euros, a la espera de que en tres de los casos el demandante fije la cuantía de la compensación que exige al Estado español.

El mayor de los litigios pendientes es el promovido por la española Abengoa, que ha presentado una demanda contra el Reino de España en el Ciadi a través de su filial instrumental luxemburguesa CSP Equity Investment. Originalmente Abengoa reclamaba 840 millones, pero ha acabado elevando la indemnización exigida hasta los 1.505 millones, como desveló El Independiente. Abengoa, que ha cedido a firmas especializadas una parte de los derechos de cobro a cambio de una compensación por adelantado, ahora reclama avales públicos al Gobierno para refinanciar la deuda que acumula y evitar la quiebra.

España, en cualquier caso, aún no ha pagado las indemnizaciones y ha venido maniobrando para salvarse de este aluvión de condenas. La estrategia legal del Gobierno ha consistido en reclamar la anulación de los pagos y de todos los procesos agarrándose a una decisión de Bruselas que obligaría a que los casos pasen sólo por el Tribunal de Justicia de la UE. Varios inversores han reclamado en Estados Unidos y en Australia el embargo de bienes del Estado español para cobrar las indemnizaciones fijadas en algunos de los litigios.

La Comisión Europea ha declarado ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros de la UE por ser contrarios al derecho comunitario y estudia también tumbar los que tienen su origen en compañías de países no comunitarios. Y a eso se agarra el Gobierno español para frenar el impacto millonario de los litigios. Los resueltos y, sobre todo, los que aún están por resolverse.