El Gobierno compensa a los chiringuitos de playa y otros negocios costeros parte del golpe sufrido por el parón forzoso de la actividad o por las restricciones al número de clientes que pueden atender como parte de las medidas para evitar contagios por Covid-19. Y lo hace perdonándole todo o parte del canon que tienen que pagar por ocupar suelo del dominio público en las costas.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un real decreto que adapta los pagos del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre  la emergencia sanitaria, la desescalada y también ahora en la fase de nueva normalidad.

Una medida que beneficiará a los titulares de autorizaciones y concesiones de servicios de temporada y establecimientos de comidas y bebidas que hayan sufrido una caída de los beneficios debido a la imposición de medidas excepcionales de cese de actividad, de reducción del aforo en los locales o aumento de las distancias entre los elementos de las instalaciones durante la emergencia sanitaria.

Los chiringuitos de playa y otros negocios con concesiones y autorizaciones de costa no abonarán al Estado la parte del canon correspondiente a los períodos en los que se haya impuesto el cese total de la actividad. Y se les aplicará rebajas porcentuales en las tasas equivalente a la limitación de aforo o al número de elementos que se pueden instalar como fruto de las restricciones sanitarias.

Las medidas previstas en este real decreto están referidas exclusivamente al canon que cobra el Estado a estos negocios, por lo que no son aplicables a las tasas o precios que a estas mismas explotaciones apliquen, en su caso, los ayuntamientos del litoral.

El Ministerio comandado por Teresa Ribera ya ha adoptado otras tendentes a adaptar los títulos que amparan esas ocupaciones a las restricciones impuestas por la situación de emergencia sanitaria, modificando los períodos para esta temporada, previa solicitud de los interesados, de manera que se cobre solo por lo realmente aprovechado.

En los casos en que las ocupaciones aún no se hubieran producido este año por la declaración del estado de alarma, se podían modificar las fechas de la ocupación, a fin de paliar el posible desplome en el rendimiento económico de los servicios de temporada por causa de las restricciones sanitarias.