Tras cuatro días de negociación, los países miembros de la Unión Europea han logrado un acuerdo para el reparto del fondo de reconstrucción. Una partida que el Gobierno considera elemental para la elaboración de sus presupuestos y que asume que no es un “cheque en blanco” y que tendrá que hacer reformas para cumplir con las recomendaciones de Bruselas.

Sin embargo, los sindicatos consideran que este fondo -que supondrá el desembolso de 140.000 millones de euros en España- no afectará a la derogación de la reforma laboral. En este sentido, desde UGT apuntan que la derogación de ésta es “imprescindible”. El secretario general, Pepe Álvarez, ha vuelto a manifestar su “voluntad de derogarla, que quiere decir, en algunos casos cambiarla por la legislación anterior y en otros cambiarla por acuerdos a los que se puede llegar con las patronales”.

De hecho, el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ya apuntaba cuáles eran los aspectos que se pretendían eliminar de la reforma laboral. Muchos de ellos vinculados a los convenios colectivos, que se negocian entre representantes de los trabajadores y la empresa. Según recoge el documento que ambas formaciones presentaron a finales de 2019, se pretendía derogar las limitaciones del convenio colectivo y priorizar las negociaciones sectoriales frente a las de empresa. El pacto también incluía limitar la subcontratación, así como la capacidad de modificar las condiciones de contratos.

“Lo que no vamos a hacer es aparcarla”, ha insistido Álvarez. En esta misma línea se han expresado desde Comisiones Obreras. “Esperamos que en septiembre se aborden las cuestiones pendientes, en especial lo referente a la ultraactividad de convenios, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, o el tema de contratos y subcontratas”, apuntan fuentes sindicales.

Hoja de ruta

Por otra parte, fuentes de Trabajo señalan que el fondo de reconstrucción europeo no cambia los planes sobre la derogación de la reforma laboral. De hecho, la ministra Yolanda Díaz ha afirmado que el acuerdo supone una salida de la crisis “desvinculada” de la reforma laboral de 2012.

En la misma línea se ha expresado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que ha señalado a través de su cuenta de Twitter que “el acuerdo alcanzado no solo no impedirá que el Gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones”.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que las reformas que puede pedir la Comisión Europea ya se estaban poniendo en marcha. Sin embargo, ha abierto la puerta a adaptar los planes del Gobierno. “Vamos a seguir esa hoja de ruta adaptándola”, ha pronunciado Montero.

La ministra socialista ha hecho hincapié en que esas reformas tendrán que pasar por la mesa del diálogo social. Se trata de un aspecto fundamental, que ya subrayó Nadia Calviño cuando tuvo que responder ante los economistas por el pacto entre el Gobierno y EH Bildu. La vicepresidenta de Asuntos Económicos fue muy contundente y consideró “absurdo” abrir el debate sobre la reforma laboral en plena crisis del coronavirus.

Cambio de prioridades

Otras fuentes consideran que el acuerdo europeo frenará cualquier cambio en el marco laboral, y que el Gobierno tendrá que priorizar otras reformas, como la de las pensiones o el refuerzo del sistema sanitario. El director de análisis macroeconómico y financiero de Mapfre Economics, Gonzalo de Cadenas-Santiago, cree que el pacto comunitario “pondrá límites onerosos a cualquier intento de derogación de la anterior reforma laboral”.

Lo que está claro es que España deberá cumplir con las recomendaciones de Bruselas entre las que se incluye el mantenimiento de los puestos de trabajo, la cobertura de las rentas mínimas y la garantía de liquidez para las pymes. La Comisión Europea también puso sobre la mesa que era necesario el fomento de la inversión, especialmente en materia de transición ecológica y digital. 

Fondo de reconstrucción

El plan aceptado por los miembros de la Unión Europea contempla la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones se desembolsarán en subvenciones y 360.000 millones en préstamos. 

El acuerdo refuerza, además, el control sobre la concesión de ayudas directas para contentar a Países Bajos, que reclamaba que los países pudiesen vetar los planes de reformas e inversiones de sus socios, mientras que la Comisión Europea planteaba que se pronunciasen solo a nivel técnico.