El histórico acuerdo de los líderes de la Unión Europea, que permitirá a España recibir más de 140.000 millones de euros para afrontar los costes económicos de la pandemia y modernizar su economía, deja, sin embargo, algunos daños colaterales para este país, pues se verá obligado a aportar más a las cuentas de la Unión Europea y a recibir menos ayudas al sector agrario, una partida esencial para la economía española.

La necesidad de alcanzar un acuerdo entre los Veintisiete ha dejado por el camino recortes en varias partidas que son muy relevantes. El caso más paradigmático es el de la Política Agraria Común (PAC), una partida esencial para el sector en España, que es su segundo mayor beneficiario en Europa, solo por detrás de Francia. En 2018, recibimos unos 6.300 millones correspondientes a esta partida.

El nuevo marco presupuestario, al que dio luz verde el Consejo Europeo en su maratoniana reunión del pasado fin de semana, contempla un recorte del 10% en esta partida, hasta los 343.950 millones de euros.

Para España, este recorte, que no ha sentado nada bien entre las asociaciones de agricultores, se traduce en que la aportación se mantendrá al nivel de años anteriores, pues le corresponderán un total de 47.500 millones de euros con arreglo al presupuesto comunitario a repartir en siete años, lo que suponen casi 6.800 millones de euros anuales que se inyectarán al sector y llegarán a 700.000 perceptores, según explicó Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el martes tras el Consejo de Ministros.

La buena noticia es que algo llegará al sector agrario español procedente del fondo de reconstrucción, pero no será mucho, habida cuenta de que los Veintisiete se repartirán los 7.500 millones de euros destinados a Desarrollo Rural. Esta partida solamente se lleva un 1% del importe total del salvavidas de 750.000 millones de euros aprobado por el Consejo Europeo.

Además, el nuevo marco presupuestario implica recortes en otras partidas muy relevantes, como el programa InvestEU, dirigido a avalar con cargo al presupuesto de la Unión operaciones de financiación para la inversión en infraestructuras sostenibles, investigación e innovación, pymes e inversión social.

El presupuesto 2021-2027 rebaja esta partida en un 30%, hasta los 2.800 millones de euros, a lo que se suma el hecho de que el proyecto inicial de la Comisión para el fondo de reconstrucción implicaba una dotación para InvestEU muy superior a la finalmente aprobada por el Consejo Europeo. Mientras que el Ejecutivo que dirige Ursula von der Leyen quería conceder a esta partida 30.300 millones de euros, finalmente contará con un presupuesto de 5.600 millones de euros con cargo a este fondo extraordinario.

El programa de fomento a la investigación y la innovación Horizon Europe también tendrá una dotación en el fondo de reconstrucción inferior a la ideada por la Comisión en un principio, que era de 13.500 millones. Finalmente le corresponderán 5.000 millones de euros, aunque en el presupuesto europeo tendrá una dotación un 17% superior a la actual.

La política regional de la Unión Europea tampoco estará a salvo de los recortes. El Fondo de Cohesión, el instrumento destinado a reducir las desigualdades socioeconómicas entre los miembros y promover el desarrollo sostenible, estará dotado con un 2,5% menos de fondos en el marco presupuestario de los próximos años, pues caerán hasta los 377.768 millones de euros. En el fondo extraordinario, sin embargo, estarán dotados con 110 millones de euros más.

Estos recortes son fruto de la negociación para llegar a un acuerdo durante el maratoniano Consejo Europeo que se celebró entre el viernes y el martes pasado, que obligó a todos los países a hacer cesiones. Con todo, España recibirá más de 140.000 millones de euros solamente del fondo de reconstrucción, a lo que hay que sumar lo correspondiente para este país del presupuesto comunitario.

Más aportación

Otro posible daño colateral para España serán los cheques compensatorios, una herramienta con la que cuentan los países aportadores netos de la Unión para poder rebajar su contribución a las cuentas comunes y que se han convertido en moneda de cambio en el Consejo Europeo para convencer a los frugales de aceptar el acuerdo sobre el fondo.

Estos instrumentos, que la Comisión Europea quería ver desaparecer ahora que Reino Unido, impulsor de la medida, ya no forma parte de la Unión, no solamente no dejarán de existir sino que serán mayores. Así, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Austria y Alemania tendrán que aportar unos 50.000 millones de euros menos, pues todos ampliarán estos cheques, salvo Alemania, que no lo veía necesario. Serán el resto de los socios los que tendrán que compensar esta menor aportación.